A fin de exhortar al Colegio de Bachilleres (CB) y a la Secretaría de Educación Pública a resolver con la mayor brevedad las demandas de los trabajadores del Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres, el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PRD) presentó un punto de acuerdo.

El legislador dijo que la huelga en el CB estalló el 19 de octubre y que “hasta el momento la institución se ha negado a formular ofrecimientos ciertos y genuinos para concretar acuerdos, lo que ha dejado sin clases a alrededor de 120 mil alumnos”.

Señaló que el 24 de noviembre de 2007 se firmó un convenio entre el Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres (SNTCB) y el CB, comprometiéndose a desarrollar un programa de calidad y eficiencia para los trabajadores administrativos, que incluye diversos incentivos económicos, “programa hasta el momento incumplido por la institución educativa”.

“Para trabajadores y académicos, la reforma curricular iniciada en el Colegio viola este convenio porque, además de ir en detrimento de la calidad educativa, lesiona los derechos laborales considerados en el contrato colectivo de trabajo, ya que de acuerdo con el sindicato, impone la flexibilidad de perfiles y funciones”.

El documento se envió para su análisis a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Coordinación con municipios ejecución de programas federales

La diputada Jeny de los Reyes Aguilar (PRI) propuso exhortar al Ejecutivo federal a revisar y, en su caso, modificar las Reglas de Operación de los programas federales en materia de desarrollo social, para que en su ejecución sea obligatoria la coordinación con las instancias municipales correspondientes.

Turnado a la Comisión de Desarrollo Social, el punto de acuerdo también plantea exhortar al gobierno de Michoacán a transparentar la entrega de bienes materiales y apoyos económicos objeto de los programas estatales, así como a establecer en las reglas de operación la obligación de ejecutar dichos programas en coordinación o por conducto de los ayuntamientos respectivos.
Luz y Fuerza del Centro

A la Junta de Coordinación Política se remitió el punto de acuerdo que propone solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de investigación sobre violaciones de garantías individuales por la extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Al presentar la proposición, el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PRD) advirtió que “con el decreto que extingue LyFC, el Gobierno federal no sólo trastocó el terreno de las garantías individuales al desmantelar un empresa pública dejando sin empleo a miles de ciudadanos, sino que violentó el derecho a la información”.

Dijo que los argumentos centrales para justificar la liquidación fueron que, además de ineficiente, la Compañía resultaba muy cara y que lo que no se informó en el decreto fue que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha denunciado ante la opinión pública que de manera deliberada sucesivos gobiernos federales establecieron una política de descapitalización de esta empresa pública.

Premio Goldman al Medio Ambiente

El diputado Guillermo Cueva Sada (PVEM) propuso exhortar a la Junta de Coordinación Política a emitir un acuerdo para que la Cámara de Diputados extienda un reconocimiento a los cuatro mexicanos que han sido galardonados con el Premio Goldman al Medio Ambiente, por su invaluable labor en la materia y al desarrollo comunitario.

También llamado el premio Nobel Verde, este galardón es un reconocimiento instituido desde 1990 y representa el estímulo más importante para los defensores de la naturaleza. Desde entonces cuatro mexicanos han sido galardonados, el último de ellos es Jesús León Santos, campesino indígena de la zona mixteca alta del estado de Oaxaca, destacó el diputado en la exposición de motivos.
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