El Pleno Camaral turnó a la Junta de Coordinación Política un punto de acuerdo por el que se solicita al presidente de la Mesa Directiva, presente en tiempo y forma, Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del decreto del Ejecutivo Federal que extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, mismo que fue publicado el día 11 de octubre, en el Diario Oficial de la Federación.

Con 298 en contra, 84 votos a favor y 5 abstenciones, no se consideró de urgente resolución, dicho punto presentado por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT).

Al leer su propuesta, el legislador dijo que la presentación de la Controversia Constitucional se hace necesaria porque el decreto que extinguió Luz y Fuerza del Centro (LyFC) es contrario a la Constitución Política.

Precisó que se invaden las competencias del Congreso de la Unión, se infringe el principio de división de poderes, termina las relaciones de trabajo individuales y colectivas sin que se haya seguido juicio alguno que respete las formalidades esenciales del procedimiento y se haya pronunciado resolución por parte de las autoridades competentes.

Su única finalidad, abundó, es socavar la existencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. “Al reñir el decreto de extinción de LyFC con los principios constitucionales es que se debe anular, invalidar y expulsar del sistema jurídico nacional”.

Cárdenas Gracia añadió que, por tanto, el decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro, al no haber sido un decreto originario y exclusivo del Ejecutivo, sino derivado de la orden dada por el Poder Legislativo, imponía en consecuencia que sólo un decreto nuevamente legislativo dispusiera la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, situación contraria a lo realizado por el Ejecutivo federal el 10 y 11 de octubre de 2009.

Dieta mensual de legisladores para crear un fideicomiso

El diputado Juan Carlos Natale López (PVEM) leyó un punto de acuerdo por el que se exhorta a los legisladores a destinar el 10 por ciento de su dieta mensual para construir un Fideicomiso que destine lo recaudado a acciones sociales concretas de corto alcance en las demarcaciones territoriales electorales.

Se pide a la Junta de Coordinación Política que dicho fondo tenga la función de administrar, vigilar, transparentar, distribuir y aplicar los recursos recaudados por la reducción de las dietas, y sea la encargada de acordar y nombrar la conformación de dicho fideicomiso, el cual estará integrado por lo menos por un diputado de cada grupo parlamentario bajo los principios de equidad y eficiencia.

Natale López puntualizó que estimando que el 10 por ciento de la dieta bruta mensual asciende a 7 mil 750 pesos por legislador, de los 500 diputados se obtendrían 3 millones 875 mil pesos, y al año se recaudarían 46 millones 500 mil pesos, los cuales representan un ahorro de inversión significativo si se es destinado a acciones concretas de corto alcance entre la ciudadanía.

Subrayó que el fideicomiso se extinguirá con el cumplimiento de sus fines o por decisión de mayoría los representantes de los fideicomitentes que conforman la Junta de Coordinación Política.

Ríos Magdalena y Eslava

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se envió un punto de acuerdo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (PAN) que pide al Gobierno del Distrito Federal, tome las medidas necesarias para redoblar esfuerzos en el rescate del Río Magdalena y el Río Eslava, e informe sobre las acciones y programas que actualmente se ejecutan en la zona.

Manifestó que es fundamental que la Secretaría del Medio Ambiente del D.F., la Procuraduría Ambiental y los jefes delegacionales de Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Coyoacán y Tlalpan rindan un informe sobre el estado que guardan los ríos Magdalena y Eslava y, de los programas y acciones planeadas para estos ríos.

Se pronunció para que las autoridades del Distrito Federal y delegacionales actúen de inmediato y en coordinación, a efecto de recuperar las zonas invadidas por donde corren el río Magdalena y se generen programas de recuperación ecológica para el desarrollo y recuperación de la zona.

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