La diputada María Joanna Novoa Mossberger (PAN) presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que instrumenten acciones y medidas coordinadas e inmediatas dirigidas a disminuir y erradicar el tráfico, retención, y sustracción de niñas y niños que se originan en hospitales públicos y privados.

En la sesión del Pleno reconoció que ha habido avances legislativos en materia de protección de este sector de la sociedad, “no obstante siguen presentándose casos de robo, desaparición, secuestro y explotación de niños y niñas”.

Refirió que el caso del albergue Casitas del Sur dejó al descubierto una serie de irregularidades y deficiencias en cuanto al control, regulación y vigilancia de los establecimientos que tienen a su cargo el cuidado de menores de edad, donde falta información respecto a cuántas organizaciones de la sociedad civil albergan a niños y niñas ni cuántos niños hay en esas instituciones, “por lo tanto, no se sabe cuántos podrían estar desaparecidos”, advirtió.

Afirmó que el tráfico de menores es un asunto sumamente delicado, pues cada día se conocen más casos que desaparecen de sus casas, hospitales, albergues, escuelas y centros deportivos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia
Control en entrega de recién nacidos

A fin de evitar la sustracción ilegal de infantes, el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (PAN), presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a las autoridades federales y a las locales a fortalecer o, en su caso, implantar mecanismos de prevención, control y supervisión en los hospitales, particularmente en lo relativo a la salida y entrega de los recién nacidos a los padres.

Asimismo al Congreso de la Unión y a los congresos locales, a revisar en el ámbito de su competencia la normatividad relativa a la protección de los derechos de niños y adolescentes, y la que regula los establecimientos donde confluyen menores de edad, como es el caso de centros educativos, albergues y hospitales.

Afirmó que en México, se calcula que anualmente desaparecen 45 mil menores de edad; Distrito Federal, Estado de México y Jalisco se registran más casos, y se estima que terminan en Estados Unidos o Canadá, donde se llega a pagar hasta 50 mil dólares por niño.

Señaló que, según las estadísticas, la mayor parte de la desaparición de personas corresponde a menores de entre 4 y 12 años; en segundo lugar se encuentra el rango de 0 a 3 años, y en tercero, menores de 13 años a mayores de apenas 18 años de edad. Se turnó a la Comisión de Salud.
Auditorías permanentes

Posteriormente, el diputado Alejandro Gertz Manero (Convergencia) propuso exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que atienda de inmediato la solicitud de diputados federales de llevar a cabo revisiones permanentes y en detalle del gasto público, sobre todo en sus partidas más críticas e importantes, aun cuando no haya concluido el ejercicio presupuestal anual.

Además, que de esa manera se demuestre que hay eficiencia en el gasto y transparencia en la revisión de cuentas y que se publiquen mensualmente los resultados detallados del avance del gasto.

Argumentó que el Presupuesto de Egresos para 2010 aprobado ha recibido un rechazo y una gran preocupación de la sociedad, “ante ello nosotros mismos podemos encontrar una solución que acredita la función del Congreso para demostrar que así estamos por la transparencia, la rendición de cuentas y por un ejercicio presupuestal que sea digno, aceptable y funcional”.

Consideró que si se logra que la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de sus tareas, lleve a cabo esta auditoría permanente, la reivindicación de muchas funciones del Congreso será bien acreditadas frente a la sociedad. Se remitió a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Rebajar peajes en autopistas para motociclistas

A su vez, el diputado David Hernández Pérez (PRI) presentó un punto de acuerdo para que la Comisión de Transportes forme un grupo de trabajo para realizar acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que beneficien a grupos de motociclistas que recorren el país.

Planteó solicitar a la SCT para que –de acuerdo a las bases de regularización de las tarifas de peaje en las autopistas nacionales— se disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas. Se envió a la Comisión de Transportes.

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