En la Sesión, diputados del PAN, PRD, PT y Convergencia fijaron sus posicionamientos sobre la privatización de la energía eléctrica en México y la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Como parte de la agenda política del orden del día, el impulsor del tema, diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) señaló que estudios serios y fundamentados establecen que en la actualidad operan y generan el 50 por ciento de la energía eléctrica empresas privadas.

Denunció que esas empresas han recurrido, por medio de ilegalidades, a la figura de los excedentes, mediante el esquema de asociados o socios, y que esa acción consiste en que ya no se vende el excedente sino que se suministra electricidad a los socios.

En el Valle de México, desde el 2001, empezó una práctica similar, y a partir de ese año se otorgaron 145 permisos a favor de Telmex, Cinemex, Unilever, Nestle, Bimbo y otras empresas, por lo cual se dejo de comprar electricidad a Luz y Fuerza del Centro contribuyendo con su situación y números rojos.

Ibarra Pedroza se pronunció para que esta legislatura debata en el cómo se pueden revocar esos contratos, “que a todas luces están en la ilegalidad porque contravienen lo que establece el artículo 27 constitucional”.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) resaltó que a partir del segundo año de gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo se ha venido mermando la capacidad generadora y transmisora del Estado, respecto a energía eléctrica, por una mala interpretación de la Constitución, y que la controversia constitucional representa la defensa de las prerrogativas frente a la justicia federal.

Por el PRD, el legislador Ramón Jiménez López mencionó que más del 40 por ciento de la energía eléctrica (violando el artículo 27 y 28 Constitucional) es generada por compañías privadas nacionales y extranjeras.

El diputado José Gerardo Fernández Noroña (PT) comentó que con la extinción de LyFC se está pretendiendo rematar una empresa que es patrimonio de los mexicanos. “No les corresponde a ustedes, nos pertenece a todos; se está queriendo doblegar a uno de los sindicatos más importantes del país”.

Por su parte, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío (PRD) reclamó que se guarde silencio ante uno de los problemas más importantes del país, y que los gritos de los electricistas debían llamar a pensar de qué forma se construye un mejor papel, y analizar de qué manera se explica y justifica que se lance a la calle a 45 mil ciudadanas y ciudadanos sin decir nada.

El legislador Francisco Hernández Juárez (PRD) señaló que el Gobierno federal actuó de manera ilegal al extinguir a LyFC al no respetar las facultades del Congreso. “Este es un problema legal en donde en realidad hay fuertes tendencias a creer que no se violentaron los derechos de la Cámara pero también hay fuertes tendencias a que sí se violentaron”.

También del PRD, el legislador José de Jesús Zambrano Grijalva puntualizó que la Comisión Federal de Electricidad posee una deuda del 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que el 40 por ciento de la energía que produce es privada.

En su oportunidad, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) dijo: “No comparto que si esta soberanía había acordado escuchar el informe de comisión especial para el análisis de este tema, no se presente; es un tema delicado, porque hay 40 mil nuevos desempleados”.

El diputado Avelino Méndez Rangel (PRD) advirtió que los grandes movimientos transformadores requieren que un grupo se decida a cambiar el estado de injusticia que impera en una nación. La desesperación y la falta de salidas legales lanzan a los pueblos a luchas no pacíficas; hoy perdimos la oportunidad, ante lo que era sólo una firma de una controversia constitucional para darle cauce legal a la inconformidad.

En tanto, el diputado Óscar Martín Arce Paniagua (PAN) expresó que cuando se crea Luz y Fuerza del Centro se emite un criterio que es acorde en que la nación debe de conservar como área estratégica la electricidad y cuando se emite su extinción se le da formalidad a la Ley Federal de Energía en donde se establece que la que la provee, es la Comisión Federal de Electricidad.

Por su parte, el diputado Óscar González Yáñez (PT) señaló que abandonar la responsabilidad de vigilar al Ejecutivo en su actuar desequilibra los poderes del país. “¿Qué tiene de malo que un tercer poder dirima una diferencia entre un poder y otro?, eso es fortalecer una República; lo que se está haciendo en este momento es debilitar una República y con esto nace el autoritarismo, la violencia jurídica y la violencia física”.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (PRD) señaló que uno de los aspectos en este problema es el efecto de la cuestión legal, ya que no se han agotado de manera correcta todos lo términos legales para dar de baja a la empresa pública.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT) se solidarizó con las once mujeres integrantes del Sindicato Mexicano de Electricista que se han puesto en huelga de hambre, y subrayó que la energía eléctrica está privatizada y eso es lo que está detrás de la política que se ha estado ejerciendo.

El diputado Rodolfo Lara Lagunas (PRD) manifestó que con la extinción se manda a la calle a 40 mil trabajadores y se “suprime al sindicato más combativo, crítico e independiente de los últimos 95 años”.

Por Convergencia, Pedro Jiménez León subrayó que el decreto de extinción violó la Constitución, por lo que los seis diputados de su fracción firmaron el documento para interponer el recurso de controversia constitucional en contra de la determinación tomada por el Ejecutivo Federal para la extinción de LyFC.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN) reconoció que hay necesidad de cambios y cuestiones qué modificar, por lo que se debe realizar un debate serio y de fondo.

El legislador Roberto Gil Zuarth (PAN) expresó que el Ejecutivo tomó una decisión que fue por mucho tiempo pospuesta. “Es momento para que las instituciones tomen las decisiones valientes y decididas que demanda el país, nadie nos puede decir que no venimos a esta tribuna a decir que la decisión del Presidente de la República no solamente se sostenía en razones jurídicas sino también en razones económicas”.

Posteriormente, concluyó la Sesión y se citó para la próxima, que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, a las 10:00 horas.

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