En el foro Sociedad civil y Estado laico, propuestas legislativas, la secretaría de la Mesa Directiva, María Teresa Ochoa Mejía, expresó que “sería un grave error histórico” olvidar la separación absoluta entre la Iglesia y el Estado y subrayó que todo funcionario público debe tomar clara distancia entre sus creencias personales y sus funciones como representante del Estado.

“Hay gran inquietud porque pareciera que vivimos en una derogación de facto de los principios de separación de Estado e Iglesia, pues en los asuntos políticos se empieza a incluir dogmas religiosos, principios confesionales, e incluso, discriminatorios”, advirtió la diputada.

Dijo que defender al Estado laico es defender la democracia y que desde el punto de vista jurídico se debe cumplir con esta obligación constitucional. “Sería un grave error histórico echar al olvido la sangre vertida por mexicanos que lucharon por establecer en la Carta Magna la separación absoluta de la Iglesia y del Estado y el sometimiento de la primera al segundo”.

Por su parte, el diputado Pedro Jiménez León (Convergencia) resaltó: “Es importante reconocer que hoy los conflictos religiosos que se creían superados lamentablemente han vuelto a generar inquietud en nuestra sociedad”.

Enfatizó que no se puede permitir que México retroceda en valores fundamentales como la libertad, democracia, igualdad y tolerancia, ni que “la educación, único camino para mantenerse ajeno al fanatismo, peligre con un Gobierno que no sabe diferenciar entre gobernar y creer”.

El legislador señaló que hay eventos que buscan romper con el Estado secular, a fin de volver a la idea del Estado confesional. “La prueba la tenemos en 17 entidades federativas donde se aprobó que las mujeres que interrumpan su embarazo, sin respetar su derecho a decidir, sean encarceladas”.

La laicidad, agregó, garantiza el respeto a la libertad de culto y la tolerancia como principio de convivencia política, representa la libertad de decisión de cada una de las personas para pertenecer a la religión que quieran, pero también respeta la decisión de no tener ningún credo.

Luego de afirmar que la penalización del aborto es un retroceso, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) refirió que el alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró que estas leyes pueden ser consideradas como violencia estructural contra la mujer.

Dijo que el Estado, como se conoce en occidente, está vinculado “a la independencia del poder terrenal sobre el poder religioso” y consideró que éste está secuestrado por poderes fácticos como las televisoras comerciales, el narcotráfico, grandes empresas y la jerarquía eclesiástica; “eso es lo que tenemos que impedir”.

En tanto, la historiadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, Patricia Galeana, advirtió que “a la situación de crispación provocada por la crisis política, económica y el narcotráfico, ahora se está sumando la confrontación por asuntos religiosos”.

“Los que nos hemos dedicado a estudiar ese tipo de confrontaciones sabemos que son los que llevan a los movimientos más violentos en la historia, porque cuando se habla de problemas de fundamentalismo ya no hay razón que valga; esto es, lamentablemente, a lo que estamos llegando”, agregó.

Destacó que sin laicismo no puede haber democracia y propuso reformar la Constitución para establecer la libertad sexual y reproductiva; la libertad de cultos y a no tener ningún credo; así como para reafirmar el carácter laico de la nación.

Pedro Márquez, presidente del Centro de Acción Laica de México, aseveró que el laicismo garantiza la libertad de conciencia y la armonía social con el respeto a las diversas formas de pensar. Es un principio histórico político que se nutrió con la propuesta de los que construyeron el México moderno.

Añadió que se han modificado las constituciones de 17 estados para sancionar el aborto “supuestamente para defender la vida, pero han ignorado que las mujeres tienen derecho a la vida y a decidir sobre su cuerpo”.
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