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Boletín N°. 0554 Hay regiones donde las funciones del Estado fueron asumidas por el crimen organizado: Ardelio Vargas

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Ardelio Vargas Fosado (PRI) señaló que hay regiones en el país donde la gobernabilidad se ha puesto en riesgo de manera importante y algunas funciones del Estado las han asumido las organizaciones criminales, debido a la falta de formación de nuevos elementos policiales y a la de condiciones legales en la participación de grupos operativos.

En reunión de trabajo de este órgano legislativo, reconoció que debido a ello la tendencia es que se necesiten más tropas para estar en las calles por la incapacidad de avanzar en la formación de nuevos cuadros en las policías locales y en la Policía Federal.

Resaltó que “eso es grave”, ya que no se ha visto que se preparen más elementos, además de que “nosotros prevemos que el crimen organizado es un fenómeno de largo plazo que no podemos revertirlo en lo inmediato. Estamos observando como buena parte de la estructura de las policías locales y de la policía federal ha sido rebasada”.

De igual forma, explicó que si los grupos operativos no tienen las herramientas jurídicas que los hagan eficaces, difícilmente podrán avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales.

“En México estamos atados de manos, da lo mismo que tengamos o no la Ley de Extinción de Dominio, si no existen condiciones jurídicas para su aplicación”.

Informó que se ha trabajado para canalizar todos los bienes que se le incautan al narco al Ejército, “el armamento que tienen estos pillos en sus manos es un armamento de última generación que ni siquiera nuestras fuerzas armadas las tienen”.
Expresó que hay más de 400 aeronaves aseguradas que duplican el parque aéreo de las fuerzas armadas de México. “Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que entrarle”.

En este sentido, externó que las condiciones que existen actualmente en el país son sumamente delicadas “se los digo con toda honestidad, todos los indicadores van a que esto está peor, nosotros prevemos que en seis meses vamos a tener actos de alto impacto, o sea, homicidios en donde la sociedad verdaderamente se impacte y nos obligue a tomar otras medidas”.

Ante ello, puntualizó que es necesario dar seguridad, tranquilidad y paz social a la ciudadanía, por lo que es fundamental otorgar condiciones jurídicas a los grupos operativos y no marcar condiciones de excepción en las regiones del país que se ven afectadas por el crimen organizado; “no estamos en guerra”, aclaró.

“Pareciera que hay una descomposición muy de fondo, ésa es la preocupación y lo que yo aspiro, junto con ustedes, es que en algún momento, en esta Legislatura podamos ver, aunque sea paulatinamente, que el Ejército regrese a sus cuarteles.

Al respecto, el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (PRI) consideró que sí existe una guerra declarada del crimen organizado contra las instituciones del Estado mexicano, “sí estamos en guerra, tan es así que hay bajas de ambos frentes y de población civil”.

“Estamos en guerra porque es increíble que ahora por la manera tan obscura de ser del actual secretario de seguridad pública federal, un testigo protegido estuviera en una cafetería tomando café y el hijo de un narcotraficante de primer nivel se ahorque”.

Dijo que se necesita fortalecer a las instituciones como a la Defensa y a la Marina, así como tener una policía seria de orden nacional. Asimismo expresó que tiene que haber una reestructuración muy fuerte y una serie de modificaciones al marco legal a fin de combatir con eficiencia al narcotráfico.

En tanto, el diputado Arturo Zamora Jimenez (PRI), aclaró que no existe actualmente una guerra, ya que, dijo, esta sólo se da cuando hay una confrontación entre dos ejércitos regulares, “por supuesto que no estamos en una guerra, estamos en una situación irregular, donde se está compartiendo un fenómeno de violencia urbana”.

Precisó que el Ejército está enfrentado ante un esquema prácticamente de guerrilla, “la delincuencia y el crimen organizados están operando como una guerrilla”.

Por ello, urgió a implementar un marco jurídico con el objeto de proveer al ejército y al Estado las herramientas necesarias para combatir eficazmente este fenómeno.

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