Con el objetivo de sancionar con una pena de seis a doce años y multa de trescientos a seiscientos días de salario mínimo a quien revele, divulge, comercialice o utilice de modo ilícito la información del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el diputado Gerardo Leyva Hernández (PRD) propuso reformar el Código Penal Federal.

“Consideramos que es muy importante establecer penas severas para este delito, puesto que una de las preocupaciones que ha generado la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Reanut) ha sido precisamente la seguridad de los datos”, dijo.

Precisó que es crucial para el buen funcionamiento y permanencia del registro que la autoridad tenga los medios idóneos para castigar de manera adecuada cualquier delito relacionado con este tema.

Consideró que en caso de que alguna persona resultare afectada en su integridad física, emocional o en sus bienes, sería gravísimo que las instancias de procuración e impartición de justicia se vieran imposibilitadas para perseguir a los responsables del mal uso de la información que está bajo su responsabilidad.

Esta iniciativa pone especial cuidado en establecer penas adecuadas en el uso mismo de la información, aun cuando ello no culmine en la comisión de un delito adicional.

Aclaró que se sanciona en general el uso ilegítimo de la información. “En el resto de los artículos modificados se establecen penas específicas para quienes, además, las utilicen o permitan que otros las utilicen para cometer crímenes”.

“Como sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días multa a quien por sí o interpósita persona utilice o facilite a otro datos del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para cometer el delito de secuestro”, con el objetivo de considerar como parte activa en el delito de amenazas a quien utilizó o proporcionó información del Reanut a quien materialmente cometió el delito, agregó. Se mandó a la Comisión de Justicia.

Reorganizar las instituciones y relaciones entre los estados

El diputado Liborio Vidal Aguilar (PVEM) planteó diversas reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de impulsar el desarrollo económico y político reorganizando las instituciones y las relaciones entre los estados y el estado central.

“Para que las decisiones sean de mayor armonía y se encuentren óptimas eficiencias en el destino de programas y racionalización del gasto público con proyectos unificados en el accionar de las instituciones”, añadió.

Refirió que prevalecen vacíos normativos respecto de que las entidades federativas y los municipios puedan intervenir como entidades ejecutoras. “No se expresa, por lo tanto, una opción de manifestar inconformidad en la aplicación de algún procedimiento que realizan las instancias federales en territorios locales y que requieren equilibrios institucionales mediante la opinión de los representantes de gobiernos estatales”.

Argumentó que se observa carencia de una coordinación institucional equilibrada y racional que propicie ir cambiando el centralismo en el que gravita la aplicatoriedad de las normas federales en las entidades federativas. “Incluso, existen acciones que se contraponen de una institución a otra o se duplican con otros programas o acciones del gobierno federal”. Se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Canal del Congreso de la Unión en señal abierta

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía analizará la propuesta del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT) para reformar el artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para difundir todas las actividades del Congreso de la Unión, por medio de la señal abierta televisiva y a través de la radio.

Subrayó que es necesario aclarar que los legisladores tienen el compromiso de mantener actualizada en información a la población del país, siempre con una tendencia perfectible hacia los marcos normativos nacionales. De esta forma, la propuesta da un mejor contenido a la última parte del artículo Sexto de la Constitución en lo concerniente a que "el derecho a la información será garantizado por el Estado".

Agregó que la propuesta radica en difundir todas las actividades posibles dadas en el Congreso de la Unión, por medio de la señal abierta televisiva y a través de la radio, “para que la sociedad no siga al margen de la actualidad del debate parlamentario donde, muchas veces, la opinión de quienes votaron por nosotros no es escuchada en la voz de sus representantes”, dijo.

-- ooOoo --