Con el propósito de que en los delitos de secuestro y tráfico de menores no opere la prescripción de la acción o de la pena, en virtud del grave perjuicio y daño que ocasionan estos actos, la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN) planteó reformar el artículo 101 del Código Penal Federal.

Durante la sesión de hoy, indicó que el secuestro es uno de los delitos más graves que enfrenta la sociedad, con un elevado grado de afectación al bien jurídico tutelado por la ley, por lo que se debe garantizar que no se extinga la acción ni la sanción penal por el paso del tiempo en crímenes de esta naturaleza.

“No se trata de aumentar las penas o de elevar la gravedad de estos delitos, sino de establecer una disposición complementaria para evitar el último resquicio de impunidad que pudiera darse en los casos de secuestro y robo de menores”, puntualizó.

Señala que es necesario que persista la facultad del Estado para perseguir y castigar estas conductas, sin importar el tiempo que transcurra, a efecto de sancionar a los secuestradores.

“Es una tarea pendiente y prioritaria proponer iniciativas de reforma para dotar a las autoridades con herramientas más propicias y evitar que continúe la comisión de secuestro a lo largo del territorio nacional”.

Consideró que, además del esfuerzo legislativo para erradicar estos ilícitos que atentan contra el interés superior de los menores, es indispensable procurar que quienes irrumpan el Estado de derecho reciban las sanciones penales. Se envió a la Comisión de Justicia.

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

A las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Justicia se turnó la iniciativa de la diputada María Antonieta Pérez Reyes (PAN) para adicionar el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y precisar que las conductas ilícitas relacionadas con armas de fuego deberán ser sancionadas, a pesar de que el arma no tenga cargador, cartuchos o municiones, o bien que no funcione, ya sea porque se encuentre en mal estado mecánico, falten alguna de sus piezas o están desarmadas.

Asimismo, se propone reformar el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de aumentar el catálogo de delitos graves para evitar que presuntos delincuentes gocen del beneficio de la libertad provisional bajo caución para que posteriormente se sustraigan o evadan la acción de la justicia.

México, primer lugar en obesidad infantil

El diputado Francisco Ramos Montaño (PRI) presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Educación que busca fomentar buenos hábitos alimenticios y promover una vida saludable, mediante el consumo de una dieta correcta, sana, equilibrada e higiénica, a fin de combatir los trastornos de la obesidad y plantea que las cooperativas escolares promoverán el consumo de bebidas y alimentos de buen contenido nutricional.

Señaló que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil; además, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señala que en el país uno de cada 4 niños de entre 5 y 11 años de edad tiene sobrepeso u obesidad, y 1 de cada 3 de los adolescentes.

Añadió que las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad terminan con la vida de 78 mexicanos y mexicanas al día; siete de cada 10 ciudadanos están pasados de peso y, de no modificarse esta tendencia en los próximos 10 años, el país ocupará el primer lugar mundial en obesidad de adultos.

Dijo que la obesidad afecta a 70 por ciento de toda la población nacional, lo que conlleva a que el Estado eleve sus costos para atender las consecuencias de esta enfermedad al destinar el equivalente a medio punto porcentual del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 60 mil millones de pesos anuales, cifra que representa 9 por ciento del gasto en salud.

“En los últimos ocho años el costo de atención a las enfermedades atribuibles a la obesidad y sobrepeso aumentó seis por ciento, pues mientras en 2000 se destinaban 26 mil 286 millones de pesos, en el 2008 fueron más de 42 mil millones”. Se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Presupuesto rural

Enseguida, el diputado Héctor Fernández Aguirre (PRI) presentó una iniciativa de reformas al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para establecer que las previsiones presupuestales anuales para la ejecución del Programa Especial Concurrente se integrarán a los proyectos de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior.

Además, plantea que este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del Producto Interno Bruto en los criterios generales de política económica.

Se busca dar certidumbre a los productores agropecuarios que les permita una mejor planeación de sus actividades. La modificación, dijo, dará la oportunidad para partir de una base presupuestal definida en esta ley, otorgando un mayor margen de negociación en el proceso de aprobación del Presupuesto para cada ejercicio fiscal”. Se remitió a la Comisión de Desarrollo Rural.

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