El diputado José Ignacio Seara Sierra (PAN) planteó reformar el artículo 4º B, de la Ley de Coordinación Fiscal con el objetivo de que en el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se prevea un mayor porcentaje para compensar a los estados y municipios donde se desarrolla la industria petrolera.

Añadió que por los beneficios que la extracción de hidrocarburos y la producción de petrolíferos y de petroquímicos básicos brindan a las finanzas públicas nacionales, es importante tomar en cuenta los altos costos que pagan esas regiones por el deterioro ambiental, la incidencia de accidentes y contingencias ecológicas derivadas de las actividades petroleras y el desgaste de la infraestructura que generan Pemex y sus organismos subsidiarios.

También propuso cambiar el factor de distribución acorde con el valor actual de los productos generados por la extracción, elevando el porcentaje del factor de base de distribución que son los derechos ordinarios sobre hidrocarburos de 0.6 a 0.75 por ciento, con la finalidad de fortalecer los ingresos de las entidades petroleras. Por otra parte, elevar el porcentaje de ingresos que los municipios deben recibir de los gobiernos estatales a fin de que éstos sean, cuando menos, del orden del 50 por ciento.

Consideró que de aprobarse esta reforma se estaría respondiendo a una clara demanda de los estados productores de riqueza nacional vía extracción de hidrocarburos, para que se vean beneficiados con mayores recursos y que a su vez, los municipios también tengan la oportunidad de responder a sus compromisos administrativos y sociales. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Legislaturas de las entidades federativas

A la Comisión de Puntos Constitucionales se remitió la iniciativa del diputado Ernesto De Lucas Hopkins (PRI) que reforma el artículo 116 de la Constitución Política a efecto de establecer que las legislaturas de las entidades federativas se podrán integrar con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa, de representación proporcional o una combinación de ambos principios, en los términos que señalen sus leyes.

Consideró que la propuesta va acorde con un federalismo real que implica el edificar una nación sobre la base de la reivindicación y verdadero respeto a la autonomía de cada una de las entidades que componen el país, dejando de lado las tendencias centralistas que tanto daño han hecho.

“Con esta reforma se resuelve una suerte de vacío legal reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocasionado por la falta de disposición constitucional expresa que imponga a las entidades federativas reglas específicas para combinar los sistemas de elección de mayoría relativa y de representación proporcional”, añadió.

Divulgación de la ciencia e innovación tecnológica

El diputado Reyes Tamez Guerra (NA) presentó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación a fin de establecer las bases legales para el efectivo fomento de la investigación y divulgación de la ciencia e innovación tecnológica en el Sistema Educativo Nacional.
Precisó que reformar el artículo 33 tiene el objetivo de lograr que las autoridades educativas otorguen estímulos a las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se dediquen al fomento de la investigación y divulgación de la ciencia e innovación tecnológica; y para implantar programas destinados a fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico de alumnos y maestros, considerando la participación de los padres de familia en el proceso de fomento y divulgación de la ciencia.

Explicó que respecto a los programas compensatorios con recursos específicos, se adiciona un segundo párrafo al artículo 34 para que el Ejecutivo federal apoye con recursos específicos los programas de fomento educativo para la investigación y divulgación científica e innovación tecnológica que impulsen los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

Agregó que en lo que corresponde a las asociaciones de padres de familia, la iniciativa adiciona una fracción III al artículo 67, con la finalidad de que éstas participen en los programas de investigación y divulgación de la ciencia e innovación tecnológica que implanten las autoridades educativas y escolares. Se mandó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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