Con la forma en que se administran y funcionan, los centros de readaptación social se convierten en espacios propicios para la ilegalidad, ya que no se cuentan con una adecuada separación de reclusos del fuero común y federal, así como de procesados y sentenciados y sin una clasificación criminológica de los internos, dijo la diputada Cora Pinedo Alonso (Nueva Alianza).

Lo anterior al presentar un punto de acuerdo que propone exhortar a las Secretaría de Gobernación y a la de Seguridad Pública Federal que expliquen a la Cámara de Diputados los criterios bajo los cuales se decide trasladar a procesados de alta peligrosidad a los centros federales de readaptación social.

La proposición, turnada a la Comisión de Seguridad Pública, solicita que la Secretaría de Gobernación revise la situación del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El Rincón en Tepic, Nayarit, “al que se han trasladado presuntos delincuentes de alta peligrosidad, sin que éste cuente con condiciones para garantizar su resguardo y que provocó una situación de violencia e inseguridad para sus habitantes”.

“Es evidente la urgencia de reformar el sistema penitenciario. La forma en que funcionan deriva en conflictos permanentes con el consecuente costo en vidas e impacto en la inseguridad de las zonas donde están ubicados. Con la forma en que se administran se convierte a los centros de readaptación social en espacios propicios para la ilegalidad”.

“Estos hechos que han derivado en motines en penales de Tijuana y Ciudad Juárez y en el rescate de reos como en Cieneguillas, Zacatecas, revelan la necesidad de hacer un diagnóstico serio sobre cada uno de los Ceferesos”.

Planta geotérmica de Cerro Prieto

La diputada Laura Ledesma Romo (PVEM) propuso exhortar a la Secretaría de Energía a revisar el destino de los recursos obtenidos por la exportación de energía de la planta geotérmica de Cerro Prieto, en Baja California, así como la correcta procedencia de colocación de Bonos de Carbono por la explotación del mismo yacimiento.

El punto de acuerdo enviado a la Comisión de Energía exhorta a la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la de Salud, a evaluar las externalidades ambientales y a la salud ocasionadas por las actividades de la planta.

Red Internacional del Bambú y del Ratán

Con el propósito de incorporar a México a la Red Internacional del Bambú y del Ratán y contar con asesoría, capacitación, asistencia técnica, intercambio tecnológico, información y recursos del organismo para el aprovechamiento social de estas plantas, el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (PRI) presentó un punto de acuerdo.

La proposición plantea exhortar a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de la Comisión Nacional Forestal a implantar medidas que permitan incorporar a nuestro país al acuerdo de creación de este organismo internacional.

El documento se envió a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería.

Cáncer de mama y cervicouterino

Diputados del PRI por Coahuila presentaron un punto de acuerdo que propone solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los 300 millones de pesos aprobados para la prevención y atención de cáncer de mama y cervicouterino sean distribuidos dando prioridad a las entidades con mayor índice de casos y entregados directamente a los gobiernos locales.

El documento canalizado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue signado por los diputados Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Hilda Flores Escalera y Melchor Sánchez de la Fuente.

Revisar reglas del PEC

El diputado Antonio Benítez Lucho (PRI) presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a revisar las Reglas de Operación del Programa Especial Concurrente, a fin de garantizar mayor accesibilidad a los programas de combate a la pobreza, al desarrollo productivo, de capacidades y generación de empleos.

Refirió que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se consideraron recursos para el PEC superiores a los 268 mil millones de pesos y que la revisión de las reglas de operación, al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, coadyuvarían a la eficacia de los programas.
“Para nadie es un secreto que estos programas o la mayoría de ellos se han convertido en documentos abigarrados y poco entendibles, que dificultan el acceso de la población que requiere de estos programas”.

“De nada sirve tener grandes programas, si su acceso se convierte en barreras infranqueables y burocratizadas; es necesario instaurar nuevos mecanismos que posibiliten superar este cuello de botella, que agobia y margina a miles de mexicanos que buscan superar la pobreza”, se expone en el documento remitido a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

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