En nuestro país, la mayoría de las empresas de telecomunicaciones se ha concentrado en los segmentos de mayor rentabilidad, quedando excluidos al menos 9 millones de hogares, de los estratos económicos medios y bajos, quienes cuentan con servicio de telefonía fija y no pueden optar por otro operador.

Ante ello, el diputado Jorge González Ilescas (PRI) propuso reformar el artículo 16, adicionar un artículo 24 Bis y modificar el artículo 25 de la Ley de Federal de Telecomunicaciones, a fin de obligar a todos los concesionarios de telefonía a participar en igualdad de circunstancias y equidad en los servicios, así como promover una sana competencia.

De esa forma, se asegura que el consumidor pueda elegir por más de un proveedor de servicio y tenga acceso a los servicios de telecomunicación a un precio asequible.

La iniciativa considera que el concesionario no podrá interrumpir la prestación de los servicios de carácter social o rural, en una localidad determinada, que no cuente con servicios similares proporcionados por otro concesionario o permisionario, salvo causa de fuerza mayor o que cuente con la autorización expresa de la secretaría del ramo.

Para tal efecto, se propone que las empresas con inversión extranjera superior a 49 por ciento, interesadas en obtener una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, deberán presentar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de la solicitud correspondiente, un apartado específico en el que se comprometan a llevar a cabo un programa de cobertura y conectividad social y rural.

Una vez cumplidos los requisitos, la Secretaría otorgará la concesión. Se turnó a la Comisión de Telecomunicaciones.

Fortalecer el mercado interno

Con el propósito de crear una nueva y eficiente participación del Estado y sus instituciones en la regulación económica, que aseguren los derechos de propiedad y disminuya los costos de transacción de los agentes financieros, a fin de generar una economía competitiva y capaz de insertarse en el mercado global, se impulsaron reformas al artículo 28 de la Constitución.

Las modificaciones, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso (NA), proponen transformar el actual modelo para dar los elementos jurídicos que posibiliten una intervención oportuna y eficiente del Estado en la economía.

En especial, se argumenta en la iniciativa, por medio de una política monetaria que, instrumentada responsablemente por el Banco de México, posibilite el control de los agregados monetarios, pero sin perder de vista que el objetivo central de toda economía es el crecimiento del mercado interno, el empleo, el ingreso y el bienestar social.

Puntualiza que urgen cambios estructurales en el funcionamiento del modelo económico y, en consecuencia, en el perfil regulatorio del mercado interno. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Reconocimiento público a la innovación

Otra iniciativa de la diputada Cora Pinedo Alonso (NA) reforma los artículos 44, 45 y 47 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para actualizar el numerario que acompaña al premio y la mención honorífica que integran el Premio Nacional de Ciencias y Artes, con objeto de dar a la innovación reconocimiento público mediante el otorgamiento de dicho galardón.

El documento, enviado a la Comisión de Gobernación, subraya que los premios consistirán en venera y mención honorífica y se acompañarán de una entrega en numerario de mil días de salario mínimo vigente.

Agrega que podrán concurrir hasta tres personas para el premio del mismo campo y cuando haya concurrencia la entrega en numerario será de 500 días de salario mínimo vigente. En el caso de que existan más de tres concurrentes, los excedentes de este número no serán premiados hasta el siguiente año.

Trabajo de comisiones sin obstruir sesión del Pleno

Con el propósito de garantizar el quórum constitucional exigible para el desarrollo de los trabajos del Pleno de la Cámara de Diputados, así como una mayor presencia y atención de los legisladores, que contribuya a los trabajos parlamentarios, el diputado Felipe Solís Acero (PRI) presentó una iniciativa que reforma los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En ella, se propone que la celebración de las sesiones de comisiones, subcomisiones, comités y grupos de la Cámara se celebren en fecha diversa a los días de sesión del Pleno.

En la iniciativa se explica que respecto a la prohibición de participación por parte de los integrantes de la Mesa Directiva en las comisiones, se debe limitar al presidente de ésta, únicamente; mientras que vicepresidentes y secretarios sí tendrán derecho a ser parte de comisiones y otros órganos colectivos integrados por el pleno.

Se canalizó a la Comisión Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Garantizar fines filantrópicos de organizaciones civiles

A la Comisión de Participación Ciudadana se mandó una iniciativa, a cargo del diputado Liev Valdimir Ramos Cárdenas (NA), que reforma los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de acreditar, mediante acta constitutiva, que las organizaciones no estén registrada bajo el nombre o apellido de algún funcionario público de nivel federal, estatal o municipal.

Las modificaciones también suscriben que el registro no sea bajo el nombre de una persona que desempeñe algún cargo de representación popular, del Poder Ejecutivo o Legislativo en los tres niveles de gobierno, así como de su cónyuge y sus familiares hasta el segundo grado.

La medida tiene como objetivo obligar a evaluar mecanismos y acciones que permitan la prevalencia de fines sociales o filantrópicos, para que sean el medio indiscutible a través del cual se continúe apoyando a los grupos vulnerables. Se turnó a la Comisión de Participación Ciudadana.

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