A la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios se envió un punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo a emitir las instrucciones correspondientes a efecto de que se tomen las medidas necesarias para que el censo de población y vivienda 2010 se lleve a cabo, al menos, en los mismos términos que el pasado censo de 2000.

El punto, a cargo del diputado Manuel García Corpus (PRI), destaca que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha informado que la cédula básica y la encuesta complementaria tendrán una reducción significativa de reactivos para aplicarse en el levantamiento destinado para el censo 2010, de manera particular se ha reiterado que dicha reducción será de 55 a 23 preguntas.

Acota que de aplicarse con esa reducción no se contará con un instrumento de las características de un censo, sino de un simple conteo que posibilita conocer solamente el volumen poblacional y un breve conjunto de variables para identificar de manera muy reducida ciertas características.

Evitar uso de medicamentos ototóxicos

De acuerdo con el XII Censo de Población y Vivienda, en México existen alrededor de 281 mil personas con discapacidad auditiva; en el 50 por ciento de los casos se debe a agentes externos y el otro 50 por ciento se trata de una cuestión congénita.

El impacto de este padecimiento sobre la población infantil de nuestro país es notorio, de cada 100 niños 2 padecen sordera profunda.

Ante ello, el diputado Agustín Torres Ibarrola (PAN) impulsó un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud (SSa), al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso en niños y adolescentes de medicamentos ototóxicos.

En el documento se explica que los medicamentos ototóxicos son aquellos que, derivado de su consumo, producen un efecto nocivo sobre el oído y su buen funcionamiento.

Abunda que a pesar de que existe información, es necesario conocer con mayor profundidad este fenómeno, por lo que se requiere de detectar las causas de algunos tipos de sordera provocada por agentes externos y de diseñar políticas públicas para erradicar sus efectos.

Asimismo, se solicita a la SSa, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar a la ciudadanía y a la comunidad científica sobre el número de casos en los que se presenten efectos secundarios de sordera provocada por el uso de dichos fármacos. Se turnó a la Comisión de Salud.

Crear área natural protegida

Con el propósito de solicitar al Ejecutivo federal promulgue el decreto por el que se crea el área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna, Isla de Cozumel, Quintana Roo y publique el programa de manejo de la zona, el diputado Gustavo Ortega Joaquín (PAN) presentó un punto de acuerdo referente al tema.

Refiere que su creación tiene como principal objetivo la protección y rescate de las áreas terrestres y marítimas, así como las especies que en ellas se encuentran.

También, busca crear programas en materia de desarrollo turístico, sustentabilidad, control, ordenamiento, protección y educación ambiental, así como reducir el detrimento de biodiversidad, que se traduce en la tendencia mundial de pérdida de especies y la continua transformación de ecosistemas de gran relevancia. Se mandó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Que la PGR retire cargos a indígenas ñhañhu

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda (PRI) presentó un punto de acuerdo que pide a la Procuraduría General de la República que retire definitivamente todos los cargos contra Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas ñhañhu presas en el Cereso femenil de San José del Alto del estado de Querétaro.

En el documento se argumenta que los indígenas han sido, históricamente, víctimas de la corrupción de una burocracia judicial y administrativa que los ha sometido a sanciones y penas, muchas veces por errores o menosprecio racista. Se canalizó a la Junta de Coordinación Política.

Reducir peaje a las motocicletas

A la Comisión de Transportes se envió un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

En México, se precisa en el punto de acuerdo, existe una importante cultura del uso de la motocicleta, que promueve una gran cantidad de eventos recreativos y turísticos en las diferentes regiones de los estados del país.

En éstas participan diversos grupos de motociclistas, quienes para llegar a su destino de forma segura requieren utilizar las autopistas; sin embargo, en muchos de los casos no hacen uso de ellas por no tener los recursos suficientes para cubrir el peaje, dicha situación desincentiva el aforo de motociclistas.

Por lo anterior, se requiere que el Gobierno federal, junto con la red de concesionarios de las carreteras realice un estudio integral, para evaluar la pertinencia de reducir el peaje de las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

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