• Presentaron el libro “La autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación”

La diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se pronunció por fortalecer las facultades del órgano fiscalizador antes de dotarlo de autonomía constitucional plena al advertir los riesgos de realizar una reforma de esta naturaleza.

“Puede ser que después nos cueste mucho trabajo darle reversa a una reforma de esta envergadura y resulte que tengamos un personaje que no responda al interés de fiscalizar a todos, ni al propósito de tener una caja de cristal que nos permita avanzar”.

Durante la presentación del libro “La Autonomía Constitucional de la Auditoría Superior de la Federación”, coordinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la legisladora del PRD, subrayó: “no hagamos reformas de las que después nos podamos arrepentir por no ser adecuadas, porque no las estudiamos bien o porque, simple y sencillamente, no concluyeron los análisis respectivos para dar un paso de esa naturaleza”.

Afirmó que ASF tiene autonomía técnica y de gestión que le garantizan independencia, capacidad, fortalezas y mando unipersonal para realizar y desarrollar las facultades que le confieren la Constitución y la Ley de Fiscalización.

Subrayó que las instituciones no deben estar en función de los partidos políticos ni de sus titulares, sino al servicio de la gente. Explicó que los órganos autónomos están supeditados a la naturaleza y características de quien los encabeza. “Podemos contar con personalidades muy brillantes para tener órganos de vanguardia internacional, pero también podemos tener otros que nos avergüenzan como sociedad”.

Indicó que cuando se trata de órganos colegiados, que deben permitir el cumplimiento de sus capacidades sin que haya un personaje al frente, se corre el riesgo de pervertir la figura y no contar con auditores que respondan a la fiscalización, sino a los intereses políticos de los principales partidos.

Planteó la necesidad de explorar y explotar las facultades de la ASF, realizar reformas importantes para fortalecerla –sin que ello signifique darle autonomía constitucional plena— y comprometer a la ciudadanía en la fiscalización y rendición de cuentas.

Es necesario crear conciencia para que la sociedad pueda denunciar, que conozca las instituciones para ello y tenga la certeza de que su denuncia será importante en la Comisión de Vigilancia de la ASF, la propia Auditoría, la Secretaría de la Función Pública y las contralorías internas de los poderes.

“Debemos activar la posibilidad que le otorga la ley a la ciudadanía para constituirse en una parte activa de la denuncia o la rendición de cuentas”, enfatizó.

Enseguida, la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN) indicó que la creación de órganos constitucionales autónomos es la mejor propuesta para que una institución funcione, pero debe ir de la mano de la ciudadanía.

“La sociedad tiene que estar involucrada y al pendiente, porque de nada sirve que los órganos, por ejemplo, en este caso la ASF, existan, si no hay un interés de parte del ciudadano por saber qué estamos haciendo los que decidimos invertir el dinero que se recoge vía impuestos”.

Señaló que es necesario preguntarse si es adecuado el actual diseño para asegurar una correcta rendición de cuentas y control del poder para construir las instituciones que garanticen a los ciudadanos que cumplimos con nuestro deber.

A su vez, John Ackerman, coordinador de la publicación, dijo que es necesario rediseñar la estructura institucional para la rendición de cuentas del Estado mexicano, pues los organismos que hay, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Procuraduría General de la República, “están subordinados políticamente, no hay una voz o un andamiaje institucional con una visión independiente y objetiva respecto al tema de la corrupción”.

Expresó que la corrupción es uno de los grandes problemas de México, “nos encontramos solamente un poquito más arriba de Haití respecto a las estadísticas de corrupción en América Latina y la corrupción afecta el desempeño de la política, pues desvirtúa la democracia, afecta la economía y la administración pública”.

Finalmente, César Astudillo, también coordinador del libro, consideró que es preferible cambiar la naturaleza del órgano fiscalizador para que pase de ser una auditoría a un tribunal de cuentas con objeto de fortalecer sus facultades, no sólo plenamente administrativas, sino también jurisdiccionales.

Coincidió en que se debe repensar del diseño institucional de la ASF, discutir si su naturaleza actual le permite ese conjunto de habilidades y potencialidades para cumplir su función en la medida en que el país lo demanda.

Destacó que los principales problemas de México son la ineficiencia administrativa y los altos niveles de corrupción, por lo que es necesario determinar cómo ser más eficaz para controlar el gasto público y coadyuvar a abatir la corrupción.

“En el Instituto de Investigaciones Jurídicas pensamos que el mejor diseño institucional es el que permita contar con una entidad de fiscalización superior plenamente autónoma y que esa autonomía esté garantizada desde el espacio constitucional”, puntualizó.

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