• En 2009 este delito produjo 74 mil 699 millones de dólares

A fin de imponer una pena de seis a quince años de prisión y de dos mil a veinte mil días multa a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende piratería, el diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) presentará una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 424 Bis y 429 del Código Penal Federal.

En la exposición de motivos menciona que en 2009 este delito generó ganancias por 74 mil 699 millones de dólares, que implican el nueve por ciento del Producto Interno Bruto y casi triplicó lo que percibe la nación por concepto de venta de petróleo, de acuerdo a la tercera Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos Pirata y Falsificación en México de la Cámara Americana de Comercio.

La piratería, afirmó, creció “indiscriminadamente sin que la autoridad pueda revertir esta situación, aun y cuando se han llevado a cabo diversos operativos para combatir los delitos que atentan contra la Ley Federal de Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual, no se ha podido reducir el índice delictivo en esta materia”.

Refirió que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, algunas de las modalidades de este delito se han incrementado hasta en 131 por ciento de un año a otro, “lo que nos permite observar que las penalidades que se encuentran establecidas hasta este momento no inhiben en absoluto al delincuente”.

En la gran mayoría de los operativos en los que se catea cualquier espacio en el que aseguran mercancía pirata o los instrumentos con los que la reproducen, no se llevan a cabo detenciones porque no se halla persona alguna en el lugar o por no contar con los recursos humanos necesarios para auxiliar a los agentes del Ministerio Público.

“Además de que estos delitos se tendrían que manejar en secrecía para evitar la fuga de información”, aseguró el diputado.

El término piratería, aclaró, se utiliza para describir la transgresión de los derechos de autor a un nivel remunerativo; involucra a gran cantidad de personas que han hecho de esta actividad su medio de vida al reproducir de manera ilegal todo tipo de materiales que se encuentran protegidos por la Ley de Derechos de Autor.

Bajo el concepto de propiedad intelectual se amparan obras musicales, cinematográficas, literarias, fotográficas, artísticas, programas de cómputo, entre otros, así como patentes, marcas para productos, servicios o modelos industriales.

Subrayó que esta actividad es aceptada porque en muchas de las ocasiones no se cuenta con los recursos económicos necesarios para adquirir productos originales, “y la hemos llegado a ver y aceptar como una actividad lícita sin serlo”.

El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, al que otorga protección para que goce de prerrogativas de carácter personal y patrimonial, sustentó.

Agregó que este derecho es el que le otorga a la autoridad la potestad de llevar a cabo acciones que combatan las conductas delictivas de bandas organizadas que copian y distribuyen material sin la autorización de los que tienen la titularidad.

“Para que inicie una averiguación previa sobre este hecho delictivo, debe mediar la querella del titular del derecho vulnerado, situación que en la mayoría de los casos no ocurre y que trae como consecuencia que la determinación que recae sobre la indagatoria en muchas de las ocasiones no es satisfactoria al no presentarse a formular su querella el titular del derecho vulnerado o su representante legal.

“Considero necesario desalentar cualquier conducta delictiva relacionada a los derechos de autor y endurecer las penas para aquellos delincuentes que se encuentran al frente de estas bandas”, enfatizó.

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