Durante la instalación del primer taller de experiencias, balances y perspectivas de evaluaciones del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, diputados, funcionarios y expertos reconocieron que en las últimas décadas el campo se ha mantenido inmerso en una crisis estructural, situación que se refleja en la pérdida de competitividad y su escasa participación en el conjunto de la economía nacional.

El titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, Roberto Michel Padilla, destacó que el sector agrícola ocupa el 13 por ciento de la población económicamente activa nacional, sin embargo, su contribución al PIB apenas alcanza el 3.5 por ciento, situación que refleja el problema de baja productividad e ingresos de la población que vive en el campo.

“Si analizamos esas dos cifras se estaría indicando que la productividad en el campo en promedio es del 27 por ciento del nacional. De manera particular se advierten retrocesos en la soberanía alimentaria en productos clave como arroz, trigo y carne, donde los coeficientes de importación llegaron en 2008 a 80.2 por ciento, 43.2 y 34.7 por ciento respectivamente”.

Esta situación, agregó, ha acentuado el déficit de la balanza agropecuaria que en 2008 llegó a cerca de 6 mil millones de dólares.

Mencionó que los resultados de los análisis y de las auditorías que se han practicado al sector reflejan que gran parte de la problemática en el campo está asociada a la baja calidad del gasto, situación que no es privativo del gasto público del sector agropecuario, sino que se constató en las revisiones de otros sectores como el educativo y desarrollo social, en particular en este último, en los temas de combate a la pobreza.

“A pesar de recibir cuantiosos recursos presupuestarios, en los últimos años los niveles de producción y productividad no han mejorado la posición del país y los resultados de los principales programas son insatisfactorios”, dijo.
En este sentido, Michel Padilla aseveró que un hecho contundente es que 14 de 20 auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación en 2008 tuvieron un dictamen de opinión negativo.

“Frente a una situación de fuertes rezagos en la producción nacional de bienes básicos y de relativo abandono de las políticas públicas orientadas a fortalecer al campo, los productores nacionales deben competir en situación de extrema desigualdad por los mercados con sus similares de Estados Unidos y Canadá, en el marco del TLC”.

De manera adicional, abundó, “hemos identificado algunos riesgos que son necesarios considerar para direccionar y rediseñar las políticas públicas encaminadas a enfrentar los desafíos del sector, destacando el incremento de la población mundial que presionará la demanda futura de alimentos; la tendencia descendente de las tierras de uso agrícola de calidad; los riesgos del cambio climático y la cada vez mayor escasez de agua, entre otros”.

El titular de la Unidad de Evaluación y Control señaló que la situación del campo mexicano es un frente de alta preocupación en la Cámara de Diputados.

“Año con año el debate del presupuesto tiene un fuerte componente para apoyar al campo, sin embargo, son evidentes los insatisfactorios resultados de las políticas agrícolas. De ahí que se recomiende a la ASF para que incluya en sus programas de auditorías, revisiones de carácter integral, que permitan disponer de elementos diagnósticos, de evaluación e incluso de propuestas para mejorar el marco regulatorio y por la vía del trabajo legislativo, contribuir a mejorar las condiciones que enfrenta el campo mexicano”.
Recordó que en 2008, la ASF realizó 118 auditorías a los recursos y a algunos programas operados por las distintas dependencias que conforman al sector agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación.

“La Sagarpa fue la dependencia más revisada en ese año, con 60 auditorías, equivalente al 50 por ciento del total, seguido de Acerca, con 24 y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria con 7. Las auditorías, revelan diversas problemáticas que afectan el desempeño de las entidades y dependencias, por lo que en consecuencia, limitan los alcances de los programas”.

Por su parte, la diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación destacó que la fiscalización tendría que ser una herramienta que sirviera como base para determinar los recursos económicos que se entregan.

Subrayó que el Sistema de Evaluación de Desempeño es una herramienta que, en general, ayuda a transparentar y dar cuenta de la calidad de gasto público, lo que permitirá evaluar los logros o fracasos de los programas del PEC.

Al inaugurar el taller, el diputado Héctor Velasco Monroy, presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, mencionó que el taller cobra relevancia cuando se está a escasos dos meses y medio de que se reciba, por parte del titular del Poder Ejecutivo, el proyecto de presupuesto de 2011.

“En el mes de septiembre los diputados habrán de iniciar las discusiones sobre el presupuesto para el ejercicio del 2011, por lo que el taller se presenta oportunamente como una forma de evaluar el comportamiento del Programa Especial Concurrente en el presente año, a fin de que en 2011 tengamos un ejercicio de presupuestación más lógico y acorde a las necesidades del campo”, subrayó.

Por su parte, el diputado Samuel Herrera Chávez (PRD), indicó que si bien se han hecho importantes esfuerzos y tenido avances en cuanto a la inversión para el campo, los legisladores integrantes de la Comisión Especial y del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable reconocen también que aún hay temas pendientes, como la definición de las prioridades e indicadores estratégicos que retroalimenten la toma de decisiones en la aprobación del próximo presupuesto.

En el taller participaron expertos en el tema como Rafael Echeverri Perico, Luis Gómez Oliver y Gonzalo Hernández Licona.

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