La diputada María del Carmen Izaguirre Francos (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 7 de la Constitución Política, a efecto de que el Estado garantice y salvaguarde los derechos de todos aquellos que desempeñan labores de información, comunicación o periodística, preservando su integridad física y humana.

Ante la violencia que se vive en México, indicó, el Estado debe salvaguardar los derechos y brindar protección a los reporteros, ante represalias contra su libertad de expresión, convirtiéndolos en un grupo vulnerable.

“El Estado debe encaminar su tarea a facilitar el trabajo periodístico, en el sentido que nuestro país a nivel mundial ya ocupa el quinto lugar de asesinatos y agresiones a periodistas y lamentablemente el primer lugar en América Latina”.

Dijo que es urgente encarar el problema antes que los hechos violentos fomenten la autocensura donde las víctimas serán los periodistas. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Castigar promoción de servicios sexuales en medios impresos

A la Comisión de Gobernación fue enviada una iniciativa de la diputada Adriana Díaz Lizama (PAN) que reforma los artículos 3 y 33 de la Ley Sobre Delitos de Imprenta, con el fin de considerar un ataque al orden o a la paz pública la promoción de servicios sexuales en medios impresos, y castigarlo con pena de dos meses de arresto a dos años de prisión, y multa de diez mil a cincuenta mil pesos.

Destacó que en los últimos años se ha visto cómo han proliferado en los medios de comunicación impresos anuncios que, independientemente su aspecto comercial, inciden en el ámbito de la libertad de expresión, concretamente en los supuestos de excepción al ejercicio de este derecho.

“Es conocido que en la sección de anuncios de diversos periódicos y revistas se insertan mensajes cuyo contenido pudiese contravenir el orden público mediante la apología de conductas delictivas, como la trata de personas o el lenocinio”.

Recordó que en México 16 mil menores sufren explotación sexual cada año, y 85 mil son usados en actos de pornografía, mientras que en 21 de las 32 entidades existe turismo sexual, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Fondo Internacional para la Infancia.

Regular el derecho de manifestación

Para no considerar ilegal ni disuelta una asamblea o reunión que tenga por objetivo hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se altera el orden público, profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en algún el sentido, el diputado Juventino Víctor Castro y Castro (PRD) presentó una iniciativa que reforma el artículo 9 de la Carta Magna.

Mencionó que “tomando en cuenta que la Constitución ha sido superada por la realidad, ha llegado el momento de regular el derecho de manifestación, remitiéndole a la ley las condiciones legales que se pueden fijar a las manifestaciones que se oponen al derecho del tránsito libre de las personas”. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

-- ooOoo --