El diputado Eduardo Mendoza Arellano (PRD) presentó una iniciativa que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de considerar al delito de extorsión equiparado, en modalidad de venta de protección que sea perseguido por oficio.

Se plantea, dijo, imponer pena de ocho a 20 años de prisión, a quien sin derecho y con el ánimo de obtener cualquier remuneración en dinero o en especie, ofrezca, brinde, venda, otorgue o proporcione algún tipo de protección a industrias, empresas, negocios, ambulantes, casas, empleados o particulares, bajo la amenaza de ser violentados sus socios, propietarios, encargados, empleados, familiares, amigos o conocidos, por sí, por terceros, por grupos de delincuencia organizada o delincuenciales.

Refirió que en 2009 se intentaron dos millones 255 mil 335 extorsiones (6 mil 179 al día), y en lo que va del año 2010, las llamadas de extorsión se han incrementado a 6 mil 211 cada 24 horas, por lo que “la extorsión se ha convertido en un alarmante problema para la sociedad mexicana, pues dicha conducta hoy tiene diversas modalidades, pero todas encaminadas a amenazar, presionar e infundir miedo y pánico”. La propuesta se canalizó a la Comisión de Justicia.

Áreas destinadas voluntariamente a la conservación

Se canalizó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales una reforma a los artículos 55 bis y 77 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, impulsada por el diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM), a fin de generar incentivos que motiven a los propietarios de terrenos, a las comunidades y ejidos, a incorporar sus tierras como áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

Expuso que si bien las áreas naturales de este tipo pueden considerarse como privadas, se debe reconocer que son espacios productivos dedicados a una función de interés público, y que muchas comunidades indígenas y ejidos que cuentan con zonas amplias y aptas para la conservación y manejo de los recursos naturales, no tienen recursos económicos para iniciar programas de conservación.

Ministerios públicos que respeten derechos humanos

Para que el cargo de titular del Ministerio Público Federal, lo asuma una persona que haya aceptado y ejecutado, como funcionario, las recomendaciones emitidas por los órganos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez (Convergencia) leyó reformas al artículo 102 de la Constitución Política.

Subrayó que pese a la relevancia de esta función en la procuración de justicia, actualmente no existe ningún impedimento para que ese cargo pueda asumirlo una persona que mostró desdén ante las recomendaciones emitidas por una comisión nacional o estatal de derechos humanos. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Reformas en materia de incompatibilidades parlamentarias

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) presentó una iniciativa que modifica los artículos 62 y 125 de la Constitución Política en materia de las incompatibilidades parlamentarias y en general las de todos aquellos que ocupan un cargo de elección popular y así evitar conflictos de interés.

Lo que se propone en materia de incompatibilidad pública, dijo, es que un legislador no pueda ocupar cargos en el Distrito Federal, en los municipios, en las delegaciones de la Ciudad de México o en instancias de organismos internacionales.

“Hay que decir que en este momento cualquiera de nosotros podría cobrar como diputado y al mismo tiempo tener un cargo municipal o un cargo en el Distrito Federal o en un cargo en algún organismo internacional”. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Comisión de Asuntos Familiares

Se canalizó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la iniciativa de la diputada Margarita Liborio Arrazola (PRI) por la que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, y el 66 del Reglamento para el Gobierno Interior, a efecto de que se conforme la Comisión Ordinaria de Asuntos Familiares.

Expresó que únicamente ocho congresos locales cuentan con comisiones ordinarias encargadas del tema de familia: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Querétaro, Veracruz y Yucatán.

Comunicaciones

El diputado Roberto Gil Zuarth (PAN) informó de su reincorporación a las actividades legislativas, a partir del 7 de octubre.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública fueron enviados dos acuerdos de los Congresos de Durango y de Puebla, por los que se solicitan mayores recursos para el Fondo Metropolitano de Durango y realizar obras que eviten el desbordamiento del río Rabanillo, en Puebla.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza comunicó la designación del diputado Gerardo del Mazo Morales, como consejero suplente del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a partir del 24 de septiembre.

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