Durante la comparecencia del Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, ante los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y de Seguridad Pública, los legisladores cuestionaron al funcionario en torno a los temas de inseguridad, violencia, secuestro, tráfico de armas y de personas.

Abordaron los casos de Diego Fernández de Cevallos, del diputado Julio César Godoy Toscano, así como la detención y liberación de presidentes municipales de Michoacán; además, los legisladores de oposición coincidieron en que el país vive una severa crisis de seguridad, derivada de la denominada lucha contra el narcotráfico.

Diputados de Acción Nacional establecieron que es necesario reconocer que la seguridad pública no es tarea de una dependencia o de un funcionario. La solución a la problemática es mucho más amplia y se debe analizar de manera sistémica.

El procurador General de la República aseguró que la aplicación de la ley se da de manera imparcial y objetiva y que no ha habido, “ni habrá favoritismo ni consignas políticas. Me comprometí a ello y he honrado cabalmente mi palabra”.

Aseguró que la justicia con tintes políticos simplemente no es justicia, ya que vulnera el Estado de derecho. “En todos los casos el Ministerio Público de la Federación ha cumplido su obligación constitucional de investigar y perseguir los delitos”.

Indicó que en la lucha contra la delincuencia, la Federación ha trabajado en la construcción de grandes soluciones para problemas igualmente grandes. “Sin embargo, no puede soslayarse que la complejidad de enfrentar a la delincuencia organizada radica en buena medida en los componentes y basamentos delictivos regionales y locales”.

Reconoció que por la forma como se presentó el fenómeno de la delincuencia dejó en claro que las instituciones correspondientes eran insuficientes para poderlo enfrentar, lo que provocó, en un primer momento, tratar de contener el daño causado en las estructuras de nuestro sistema.

En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, manifestó que el sistema de justicia está resquebrajado por la realidad y en este sentido “a usted le corresponde una parte del sistema. Quienes le conocemos sabemos de su honestidad, integridad y conocimiento en la averiguación previa, pero el sistema se inicia con una prevención del delito, pero es ineficaz en este país”.

Pidió al funcionario que la PGR sea más eficiente para abatir los altos índices delictivos que privan en el país.

Benitez Treviño destacó que de cada 10 delitos que se cometen, en tres hay detención del culpable, pero de éstos, dos obtienen su libertad por artilugios procesales y en un solo caso hay sentencia condenatoria, lo que acredita un 90 por ciento de impunidad.

Refirió que de acuerdo con el artículo 17 constitucional, la justicia debe ser pronta, gratuita y expedita, sin embargo, la administración de justicia es aletargada y llena de formalismos que ya no responden al México actual, además, “la reinserción social es un fracaso”.

El legislador recordó que en tribuna presentó una propuesta para que de los 223 mil internos de las 429 cárceles del país, 23 mil de ellos, del orden federal y de la más alta peligrosidad, ya sentenciados, sean recluidos en las Islas Marías.

Manifestó que hay preocupación por la inseguridad que priva en el país. Preocupación fundada por la impunidad, la falta de eficacia de las instituciones encargadas de prevenir la comisión de los delitos, de perseguirlos y de administrar la justicia.
“¿Cómo puede el Poder Legislativo para que este país sea verdaderamente de leyes y no de cínicos, en donde cada quien hace lo que se le pega la gana y no le pasa nada por la impunidad?”

Por otra parte, señaló que es obligación de los diputados expedir normas eficaces, precisas y claras para combatir la inseguridad y la impunidad, “a fin de hacer de este país, al que amamos entrañablemente, un país mejor que el que tenemos actualmente”.
PRI

En los posicionamientos, el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida dijo que la inseguridad se manifiesta en el incremento del índice delictivo, la impunidad y la corrupción. “Si no se combaten con seriedad estos tres factores no se revertirán las nefastas consecuencias que la inseguridad ha traído a nuestras vidas diarias y no se recuperará la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

Mencionó que en “el PRI se ve con gran inquietud que en el IV Informe de labores se da cuenta solamente del inicio de mil 505 averiguaciones previas por delitos de delincuencia organizada del 1 de septiembre al 30 de junio de este año; es decir, se dejan fuera de la estadística dos meses”.

Del caso Michoacán, cuestionó, ¿por qué hasta ahora se ejercita una queja contra un juez federal y en los otros 30 casos no se ejercitó? ¿Por qué se esperó tanto tiempo para interponer la queja y el recurso de revisión en lo que aquí la Cámara de Diputados estaba en la disyuntiva de tomar o no tomar protesta? ¿Por qué hasta ahorita? Sin hablar de ¿por qué no se ha sancionado a funcionarios públicos que participaron en esas averiguaciones previas?

“No es suficiente para nuestro grupo parlamentario la interposición de una queja contra el juez federal que dejó en libertad. ¿Cuántos consignados –es la pregunta- habrá por negligencia en un caso donde a juicio de la Procuraduría sí hay responsabilidad penal?”

Uno de los temas que más agravia a la sociedad, mencionó, es el secuestro, que tiene consecuencias personales y familiares muy serias, al atacar no sólo la libertad del individuo, sino a todo un núcleo familiar, pues en el Informe se señala que dentro de la Estrategia Nacional e Integral contra el delito de Secuestro se crearán 32 unidades especializadas, pero no se dice si van a ser federales o locales.

PAN

Luis Ovando Patrón destacó que se debe reconocer que la seguridad pública no es una tarea única de una dependencia, de un funcionario y que mucho menos la procuración de justicia recae en las manos de un solo hombre o de unos cuantos.

Se debe reconocer que hay instituciones débiles y que el origen de la debilidad institucional no es el problema sino hacia dónde se quieren llevar esas instituciones y por ello hay que revisarlas de manera seria y hacer planteamientos para fortalecerlas.

Mencionó que en la medida en que definamos con claridad qué grado de responsabilidad tiene cada orden de gobierno y se establezcan indicadores para ver qué funcionario realmente está fallando y cuál está dándonos resultados, se podrán diseñar modelos, ver si son exitosos y duplicarlos en diferentes rincones del país, más allá de banderas políticas, de colores y coyunturas electorales.
Añadió que lo logrado por esta Cámara no es menor “aquí hemos trabajado con responsabilidad y creemos, confiamos, en que lo hacemos a conciencia, con nuestra responsabilidad ciudadana; esperemos que el día de mañana se apruebe la propuesta de la Ley General Contra el Secuestro. Es un logro que debemos reconocer”.

PRD

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo dijo que a cuatro años de iniciada la guerra contra el narcotráfico, lo que hay es una fuente inacabable de violencia e inestabilidad, que es el fiel reflejo del fracaso de las instituciones encargadas de brindar seguridad pública a los ciudadanos, entre las que se encuentra la PGR.

Hay un modelo de procuración y administración de justicia centralizado, politizado, corrompido, discrecional y abandonado presupuestalmente. Adicionalmente el abuso del poder deriva de decisiones políticas que le toca ejecutar a la PGR.

Indicó que es cuestionable que el gobierno federal soslaye la investigación y la persecución efectiva a las bandas del crimen organizado, pero utilice al Ministerio Público con fines distintos a los que constitucionalmente le son atribuidos.

“El caso de los servidores públicos del estado de Michoacán es una muestra de cómo se utiliza a la PGR con fines políticos para violentar el Estado de derecho y las garantías individuales que se encuentran consagradas en la Constitución. Hasta ahora, 34 de los 35 implicados han quedado en libertad, la PGR no ha podido sustentar sus acusaciones, pero además las formas y los modos en que se dio su detención y consignación reflejan la utilización de la PGR como oficina de trámite del Ejecutivo”.

Puntualizó que el abuso del arraigo, los cateos y testigos protegidos, deberían llevar por lo menos a la PGR a reconocer que se equivocó y que no hay capacidad institucional de investigación.

PVEM

El diputado Eduardo Ledesma Romo refirió que recientemente se aprobó en las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública, el proyecto de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, lo que permitirá elevar el nivel de cooperación en los tres niveles de gobierno en la lucha contra este delito.

Sin embargo, los órganos encargados de la prevención del delito, de la procuración, administración y justicia deberán poner especial atención en ejercer sus funciones para abatir la impunidad.

En materia de combate al narcotráfico, dijo, destaca el cúmulo de detenciones de personas vinculadas al crimen organizado. “Al menos de septiembre de 2009 al 30 de junio del presente año se mencionó que se logró la captura a más de 30 mil personas. ¿Qué porcentaje ha alcanzado sentencias condenatorias en materia de este delito del fuero federal? ¿A cuántos se les ha comprobado su pertenencia a algún grupo delictivo o a un cártel de la droga?”

Puntualizó que las acciones en el combate al tráfico ilícito de armamento no son suficientes. “Tan sólo de enero a julio de este año las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas decomisaron más de 20 mil armas, de las cuales 90 por ciento proceden de los Estados Unidos”.

PT

El diputado Pedro Vázquez González subrayó que las armas de fuego, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, pasan por las aduanas o por la línea fronteriza y han servido para asesinar a miles de mexicanos. “Estamos hablando de cifras que rebasan los 28 mil muertos. ¿Qué hace la Procuraduría a su cargo para impedir la entrada de esas armas?”.

Respecto a la delincuencia organizada y, “en particular, con el denominado michoacanazo, esto es la aprehensión en 2009 de servidores públicos de distintos municipios y del gobierno de Michoacán, y el uso abusivo del arraigo y de los testigos protegidos han generado una serie de dudas respecto al trabajo de la Procuraduría. Porque no pudieron sostener ante el juez sus acusaciones y, en consecuencia, han sido liberados 31 de 32 personas encarceladas.

“No es con el incremento de las penas lo que desalienta la comisión de los delitos, a la población hay que ofrecerles empleos debidamente remunerados, educación, un sistema de salud eficiente, una vivienda digna, servicios públicos básicos, recreación, cultura, deportes. Mientras el desempleo se incrementa, las organizaciones delictivas tendrán un gran ejército de reserva dispuesto a ingresar a las actividades delictivas, ya que las personas que están desempleadas harán cualquier cosa con tal de sostener económicamente a sus familias”, puntualizó.
Nueva Alianza

La diputada Cora Pinedo Alonso dijo que “los cuerpos de seguridad pública se muestran impotentes ante el crimen organizado. El Estado mismo no sabe cómo mantener el orden social. Se necesita de funcionarios públicos, cada día más preparados y capacitados, con vocación de servicio comprometidos con la nación”.

Lo más alarmante, agregó, es que el índice delictivo no disminuyó, más bien aumentó el narcomenudeo. “Ha encontrado un excelente caldo de cultivo entre la niñez y la juventud mexicana, porque es visible el aumento en la distribución, venta y consumo de psicotrópicos y estupefacientes”.

Resaltó que la impunidad y la corrupción en algunas esferas de la administración pública federal son factores que obstaculizan las tareas en la procuración de justicia. “Es inadmisible que quienes tienen la obligación de brindar protección a la ciudadanía son los mismos que atentan contra la colectividad. Por ello, la desconfianza de la sociedad en las instituciones, el desaliento que inhibe la cultura de la legalidad y consecuentemente fomenta la impunidad”.

Convergencia

La diputada Teresa Ochoa Mejía comentó que es una situación jamás vista, “más de 28 mil muertos y un nivel de impunidad que rebasa el 98 por ciento de los delitos, hacinamiento en todos los penales, falta de respeto a la vida, a la integridad física y al patrimonio de las personas que se estima en más de 12 millones de mexicanos que son víctimas anualmente de delitos y muchos de ellos con expedientes fabricados”.

Consideró que la causa principal y el ingrediente fundamental que reporta todo ello “es, sin duda, la corrupción, pero también falta de visión de Estado, de respeto a la sociedad, de respeto a los derechos fundamentales y un Estado que garantice a todos los ciudadanos la seguridad de que estar en México es estar bien”.

Destacó que existen dos figuras las que han cambiado la justicia efectiva para todos: “el testigo protegido, un delincuente al cual se le ha depositado todo el honor y toda la credibilidad de lo que diga a causa de tener tras las rejas a personas inocentes. Otra, el arraigo, una figura en la cual se quiere detener a una persona hasta que se le integre toda una averiguación y entonces sí poderla llevar ante la justicia”.

Arturo Chávez Chávez

Luego de rendir protesta de decir verdad, el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, ennumeró las acciones y logros más relevantes de la Procuraduría General de la República en el presente año.

Destacó que entre septiembre de 2009 y julio de 2010, el Ministerio Público Federal ejerció acción penal en contra de más de 38 mil personas. En el mismo periodo, abundó, cerca de 20 mil personas fueron sentenciadas.

En materia de cooperación internacional, refirió que entre septiembre de 2009 y agosto de este año México entregó en extradición a 97 personas, en tanto que de manera recíproca recibimos a 23 para procesarlas en el país.

Arturo Chávez Chávez señaló que en materia del combate al narcomenudeo, entre septiembre de 2009 y agosto de 2010, la PGR, en coordinación con las procuradurías de las entidades federativas, realizó más de 40 mil operativos y cateos.

“Se aseguraron más de 100 toneladas de marihuana, que representan 20 millones de dosis 9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Más de mil 600 kilogramos de cocaína que significan 3.2 millones de dosis y 7 por ciento más que en los 12 meses anteriores, así como tres toneladas de metanfetaminas que implican más de seis millones de dosis individuales y más de 18 millones y medio de pastillas sicotrópicas”.

Por lo que hace a las acciones de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, el funcionario mencionó que entre septiembre de 2009 y agosto de 2010 el Ministerio Público de la federación inició 288 averiguaciones previas, ejercitó acción penal en contra de 203 personas; aseguró 50 millones de dólares y 60 millones de pesos y decretó el abandono a favor del gobierno federal respecto de 41 millones de dólares y 280 mil pesos.

La PGR, sostuvo, tiene muy claro que en el combate al poder económico de las organizaciones criminales hay mucho por hacer. Por ello solicitó a la Cámara de Diputados entablar, en su momento, un diálogo abierto, franco y proactivo, para analizar las iniciativas sobre el combate al lavado de dinero presentada por el ejecutivo Federal.

Informó que a lo largo de los últimos 12 meses se realizaron 300 operativos y más de mil 800 cateos, lo que permitió asegurar de más de 50 millones de artículos piratas y desmantelar 84 laboratorios.

El Procurador Arturo Chávez Chávez destacó que en cuanto al llamado michoacanazo, en el caso de las 9 sentencias absolutorias, éstas se encuentran impugnadas, apeladas, por lo que “no puedo afirmar, ni sostener, que en un futuro, alguna de esas personas pudiera tener que enfrentar de nueva cuenta a la justicia si surgen nuevos elementos en su contra. La obligación de la Procuraduría es irrenunciable”.
Precisó que lo que dijeron los diferentes jueces y magistrados es que los elementos aportados por la Procuraduría no eran suficientes para tener a una persona presa, o bien, que se le siguiera un proceso.

Esto es, dijo, cuando se tiene el conocimiento de un delito y elementos para considerar la existencia de la presunta responsabilidad, es obligación de la PGR ponerlo a consideración de un juez, quien hace la valoración.

Por lo que respecta a los casos de Diego Fernández de Cevallos, dijo que se está llevando una averiguación ya que la obligación primigenia del Estado es el respeto a la vida. “Incluso, producto de una incompetencia de la procuraduría del estado de Querétaro”.

En lo que se refiere a la declaración de procedencia del diputado Julio César Godoy, afirmó que se pusieron a disposición de la Cámara de Diputados todos los documentos con los que cuenta la PGR y reiteró que el Ministerio Público Federal no actúa por consigna.

“Respetamos puntualmente y respetaremos en todo momento las resoluciones del Poder Judicial. Definitivamente, es la última instancia y le toca juzgar y decidir”.

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