Por acuerdo de seis grupos parlamentarios, la Mesa Directiva interpondrá controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las disposiciones publicadas el 2 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, relativas a las acciones que la administración pública federal deberá llevar a cabo para concretar la transición a la televisión digital terrestre.

A través de un punto de acuerdo suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza y Convergencia, se plantea que deberá se interpuesta ante la SCJN por el propio presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o la persona en quien se haya delegado esta responsabilidad, en términos del inciso l) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General.

El documento, aprobado en votación económica, destaca que la Controversia tendrá que ser presentada antes del 19 de octubre y con fundamento en la opinión técnico-jurídica enviada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Al leer el punto de acuerdo, el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (PRI) dijo que lo que se busca es que la SCJN clarifique las competencias constitucionales en materia de telecomunicaciones.

“A juicio de estas fracciones parlamentarias, el Ejecutivo Federal invadió la competencia de un órgano al que la ley le había dado el carácter de autónomo e independiente, como lo es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y se adjudicó facultades que no le son propias en el decreto correspondiente publicado el 2 de septiembre”.

No se trata, abundó, de discutir las bondades del decreto, “debe de quedar muy claro que ningún diputado está planteando discutirlas, ni es la cerrazón o no de la transición analógica digital; eso está fuera de la discusión”.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) mencionó que la controversia es totalmente procedente. “Estamos hablando de competencias en materia de radio, televisión y telecomunicaciones; ya la SCJN estableció con toda claridad que el Ejecutivo y la Secretaría de Comunicaciones no tenían competencia en la regulación de esta materia y, que ésas eran exclusivas de la Cofetel”.

Añadió que el Ejecutivo está invadiendo no solamente las competencias de Cofetel sino las del Congreso de la Unión, toda vez que le corresponde legislar en telecomunicaciones, radio y televisión.

Francisco Hernández Juárez (PRD) manifestó su respaldo a la propuesta y expresó que “México en el ámbito de las comunicaciones se encuentra atrasado, por lo que es absolutamente necesario que se tomen las medidas para cerrar la brecha digital y en esencia que el Gobierno federal quiera adelantar el apagón analógico parece una medida adecuada, pero la manera en que se instrumenta es pasando por alto las competencias y ámbitos del país”.

“No se puede dejar de sospechar que la manera como se está haciendo es para incidir en el proceso electoral. No estamos en contra de ninguna manera en que este adelanto se dé, pero tiene que ser instrumentado de manera legal”, enfatizó.

Contra estos argumentos, el diputado Roberto Gil Zuarth (PAN) expresó que no está en discusión la valía, importancia, fines y propósitos de la transición analógica digital, y que existe el consenso en el sentido de que es una política pública que el Congreso debe impulsar, pero el diferendo se centra en las competencias y el razonamiento jurídico del proyecto.

En el decreto del Ejecutivo Federal, destacó, se razona que la transición digital no es sólo una cuestión de radio y televisión; en el fondo se trata de una ordenación integral de las telecomunicaciones y en esa materia la Ley es muy clara en el sentido de que la SCT y la Cofetel comparten comunicaciones.

“No hay desde nuestra perspectiva invasión alguna a las competencias de Cofetel porque la transición digital es una política de comunicaciones y no únicamente de radio y televisión. El objetivo del apagón tecnológico es la reorganización integral del espectro y la mejor utilización para lograr un objetivo de convergencia”, subrayó.

A favor de la propuesta, Balfre Vargas Cortez (PRD) manifestó que si realmente se desea impulsar al país, primero se debe generar respeto a las leyes. “No es la primera vez que se viola el ámbito de competencia, pues ahora en temporada electoral se sacan temas como este”.

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