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Boletín N°. 2194 Cumplir con normas de derechos humanos en el caso de funcionarios michoacanos, piden a PGR y SSP

La Cámara de Diputados aprobó solicitar al Procurador General de la República y al Secretario de Seguridad Pública, cumplir con el marco jurídico en materia de derechos humanos de los inculpados y ex funcionarios públicos michoacanos, cumplan la recomendación número 72/2009 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto de la reparación del daño.

A través de un dictamen con punto de acuerdo, se recuerda que el 26 de mayo y el 29 de junio de 2009, elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército Mexicano, realizaron un operativo en Michoacán para cumplir órdenes de localización y presentación emitidas por el agente del Ministerio Público en contra varios funcionarios estatales y municipales.

Destaca que la CNDH consideró indispensable hacerse efectivo el ejercicio pleno de las garantías procesales, y así evitar la criminalización de personas sobre las que no existen elementos suficientes para hacer probable su responsabilidad.

Al procurador General de la República se le solicita reparar el daño a los agraviados, por medio de apoyo psicológico, médico y de rehabilitación, así como iniciar averiguación previa en contra de los servidores públicos adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y garantizar que la presunción de inocencia se haga efectivo a todas las personas que se encuentren en situaciones similares.

Al secretario de Seguridad Pública se le solicita el resarcir los daños ocasionados con motivo de los cateos ilegales que practicaron servidores públicos, iniciar averiguación previa en contra de los elementos de la entonces Policía Federal Preventiva que participaron en los hechos, establecer cursos de capacitación y evaluación para los elementos de la Policía Federal, y garantizar que las personas detenidas en los operativos sean puestas a disposición de inmediato ante la autoridad competente.

Aceptar recomendación sobre el caso Pasta de Conchos

Para que el titular de la Procuraduría General de la República acepte la recomendación número 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relativa al caso de la mina Pasta de Conchos, se avaló en votación económica un dictamen con punto de acuerdo.

Dicha recomendación tiene relación con el accidente ocurrido en la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero del 2006, en el que fallecieron 65 mineros.

Se refiere que la CNDH ha establecido en su recomendación número 64/2008 que el Ministerio Público de la Federación no actuó con diligencia para la pronta y debida procuración de justicia, toda vez que era necesario que ingenieros en minería hicieran un peritaje de la mina 8 para saber las condiciones de operación y seguridad al momento y antes del siniestro.

Derechos Humanos

También, se ratificaron dos dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos. Uno exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, rinda un informe sobre los centros penitenciarios de la entidad, debido a que desde noviembre de 2008 se ha documentado motines y riñas, así como hechos de violencia.

El otro, pide al jefe delegacional en Cuauhtémoc acepte y cumpla la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa a los derechos de la niñez.

Grupo sobre la problemática de obesidad y desnutrición

Durante la Sesión, se informó que la diputada María Elena Perla López Loyo (PRI) será la encargada de presidir el Grupo de Trabajo que dé seguimiento a la problemática sobre obesidad y desnutrición que afecta a la población del país.

Como integrantes estarán Yolanda De la Torre Valdez (PRI); Juan José Cuevas García y Ruth Esperanza Lugo Martínez, del PAN; Mary Telma Guajardo Villarreal y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, por el PRD.

Carlos Alberto Ezeta Salcedo y Eduardo Ledesma Romo, PVEM; Gerardo Fernández Noroña y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, PT; María del Pilar Torre Canales y Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, así como Laura Arizmendi Campos y Laura Piña Olmedo, de Convergencia.

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