El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, con 353 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones, el dictamen a la minuta que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, hasta con 70 años y obliga al responsable a reparar el daño. El documento fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Para fundamentar el dictamen, el diputado Josué Cirino Valdés Huezo (PRI), integrante de la Comisión de Justicia, señaló que el secuestro es de los delitos más graves, por la violencia, la angustia que genera a la víctima y a sus familiares, así como las secuelas que propicia en quienes lo sufren y en la sociedad.

Consideró que éste, ha dejado de ser un delito cometido en agravio solamente de potentados o millonarios, toda vez que ya son blanco de él todas las clases sociales.

En los últimos años se ha elevado exponencialmente la cifra de secuestros cometidos en nuestro país. Ante esta situación, el Congreso de la Unión no podía permanecer omiso y por ello, mandató expedir una ley general antisecuestro.

Destacó que la ley aprobada distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, que los obliga a coordinarse y cooperar y fija el ámbito de sus atribuciones, estableciéndose en términos prácticos la federalización del combate al secuestro.

PRI

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que la Ley Antisecuestro es general porque distribuye competencias entre las entidades del Pacto Federal y la Federación, y porque asigna responsabilidades a las procuradurías estatales y a la Procuraduría General de la República.

Obliga al Ministerio Público a actuar de oficio en todos los casos en que se cometa un secuestro, lo mismo que al Poder Judicial, cuando emita sentencias, a ordenar la reparación del daño.

Resaltó que el verdadero enemigo del derecho penal es el delincuente. “No es la sociedad. Es quien priva de la libertad a una persona de bien, la mantiene retenida, la tortura, por eso se justifican las penas altas de hasta 70 años cuando se priva de la vida a la persona secuestrada.

PAN

Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, el diputado José Luis Ovando Patrón, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, manifestó que el secuestro exige a legisladores su empeño y acuerdo para brindar mejores opciones de vida, un mejor marco legal para combatir a los delincuentes y, sobre todo, sancionarlos de manera más severa.

Es importante señalar que desafortunadamente este delito se ha democratizado e impacta ya no únicamente a un segmento social económicamente pudiente, sino que, por ejemplo, afecta a los comerciantes en un 27.8 por ciento. El 21 por ciento de las víctimas son estudiantes; el 16 por ciento, empleados y un 14.5 por ciento, empresarios.

Por su parte, el diputado Camilo Ramírez Puente, dijo estar convencido de que ésta será la Legislatura del cambio, y advirtió “que quede bien claro para todos, delincuentes organizados, delincuentes comunes, que todos van a ser atacados por la ley y van a tener su sanción y que puede pasar la mayor parte de su vida en la cárcel”.

Previo a ello, solicitó un minuto de silencio por todas las víctimas de secuestro que han perdido la vida, así como por aquellas que tratando de salvarlas también la perdieron.

PRD

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo dijo en que el Ejecutivo federal se comprometió a solucionar el problema de la inseguridad en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, del 21 de agosto de 2008. Sin embargo, fue la sociedad civil la que hizo posible que hoy se discuta la minuta que da pie a la Ley Antisecuestro, así como por el compromiso de todas y todos los legisladores.

Al indicar que su grupo parlamentario contribuyó con propuestas que contiene dicho ordenamiento, agregó que aún quedan pendientes varios aspectos a considerar, dentro de los cuales está el que los policías, peritos y equipo técnico que investiguen los delitos de secuestro, sean personal certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Con la aprobación del dictamen ponemos en manos de las autoridades un instrumento jurídico que les permita prevenir, investigar, sancionar y combatir eficazmente el delito de secuestro y que el Ministerio Público pueda integrar debidamente las averiguaciones previas. Ahora le corresponde al Ejecutivo federal actuar de manera eficaz en el combate al delito de secuestro. No caben pretextos; no caben dudas; no caben titubeos”, concluyó.

A su vez, la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, consideró que no es la legislación que pudiéramos desear en todos los aspectos, pero desde la perspectiva que responde a un problema emergente que victimiza a grandes cantidades de la población, sí es un instrumento que se debe abocar y poner en práctica.
“No hay ley buena per se. Sin embargo, esta soberanía pone los elementos para probar si la legislación va a servir y dará los rendimientos positivos o no. Ya Tendremos oportunidad de probarlo, pero la ciudadanía se merecía una respuesta”.

PVEM

La diputada Adriana Sarur Torre, tras congratularse por la creación de un Fondo de Ayuda a la Víctimas del Delito de Secuestro, mencionó que es uno de los cambios más trascendentales, ya que permite que el ciudadano tenga incentivos para llevar a cabo la denuncia de este flagelo.

Asimismo, opinó que la Ley Antisecuestro permitirá eliminar la corrupción entre servidores públicos; ayudará a quienes denuncien y contemplará mecanismos para la defensa de las víctimas.

PT

Los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Gerardo Fernández Noroña manifestaron el desacuerdo de su grupo parlamentario, al considerar que se trata de una ley vengativa y que violenta los derechos fundamentales de los infractores.

“Sí estoy a favor del combate al secuestro, pero desde luego no con esta ley. Una ley penal no solamente debe establecer sanciones, sino debe tener otro objetivo”, dijo Fernández Noroña.

Esta es, dijo, una de las posiciones más difíciles que hemos tenido que defender los compañeros del Partido del Trabajo, pero no vamos a ser cómplices de una ley que está buscando venganza.

Convergencia

La diputada Rosaura Ochoa Mejía, tras manifestar el respaldo de su bancada a esta ley, señaló que toda ley es perfectible, pero hoy afortunadamente existen los instrumentos legales que le darán certeza a la sociedad.

“No podemos permitir más pérdidas de patrimonios, no podemos permitir más la pérdida de la seguridad y de la libertad y mucho menos que se sigan cobrando vidas inocentes”.

Previo a la discusión en tribuna, el diputado del PT, Jaime Cárdenas Gracia reservó para su modificación y discusión en lo particular los artículos 5, 9. 10, 11, 19 y 20, de la Ley General para la Prevención y Sanción de Delitos relacionados con el Secuestro y el artículo 64 del Código Penal Federal, los cuales, tras ser puestos a consideración del Pleno, fueron desechados en votación económica.

Posteriormente, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, giró la instrucción para que los artículos reservados fueran votados en sus términos, obteniéndose 295 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución, y que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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