Las políticas públicas para los adultos mayores sólo se limitan a otorgarles una credencial para conseguir algunos descuentos, afirmó la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión Especial para la Familia.

Agregó que es necesario crear un marco jurídico específico para los adultos mayores, sobre todo en el tema de la violencia, ya que, dijo, “es más difícil que un padre denuncie a su hijo por agresiones o despojo de sus bienes”.

En reunión de trabajo de la comisión la diputada Guadalupe Pérez Domínguez (PRI) coincidió en que es parcial la atención a los adultos mayores, por lo que se deben realizar estudios, acuerdos y consultas que fortalezcan y mejoren su nivel de vida.

“La mayoría de las entidades federativas y el Gobierno Federal impulsan apoyos económicos y de salud, pero se requiere un apoyo integral. La Cámara de Diputados debe trabajar para que estas personas vivan mejor y se integren a una sociedad justa y equilibrada”, apuntó.

Por su parte, la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD) señaló que el tema de la violencia hacia los adultos mayores no ha sido ampliamente abordado, lo cual, dijo, nos obliga a buscar apoyo de los estados para crear políticas públicas locales.

En su intervención, la diputada Paz Gutiérrez Cortina (PAN) indicó que se debe vigilar que las ayudas a los adultos mayores lleguen a quienes sí las necesitan, pues muchas veces los familiares se quedan con ellas y no cubren su verdadero objetivo.

Bajo estas consideraciones, la Comisión Especial para la Familia acordó reunirse con Alejandro Orozco Rubio, Director General del Instituto de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), a fin de conocer el impacto de sus acciones y programas.

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