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Boletín N°. 2210 Radiodifusores y televisoras educativas solicitan ocho mil mdp para convergencia tecnológica

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía se reunió con el presidente de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Samuel Muñoz Gómez, quien solicitó ocho mil millones de pesos para comenzar la convergencia tecnológica de los medios públicos.

El presidente de este órgano legislativo, diputado Gerardo Flores Ramírez (PVEM) destacó que esa cantidad ayudaría a un número importante de televisoras y radiodifusoras en toda la República; “no representa el 100 por ciento; sería únicamente para las instalaciones principales”.

El legislador informó que esta petición se suma a las hechas por el Instituto Mexicano de Cinematografía, los Estudios Churubusco, la Cineteca Nacional, el Canal 11, el Canal 22, Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Radio para aumentar montos en el presupuesto.
Explicó que hasta el momento son 700 millones de pesos adicionales a lo incluido para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011, “casi 50 por ciento más de lo etiquetado por el gobierno federal en su proyecto”.

Flores Ramírez externó que se tiene programada una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el próximo miércoles 13 de octubre, para hablar sobre la posibilidad de dotar con mayores recursos a la industria cinematográfica, a las televisoras y radiodifusoras públicas.

En su oportunidad, el diputado Ariel Gómez León (PRD), secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, se pronunció a favor de lograr consensos a fin de dar la certeza jurídica a los medios de comunicación públicos.

“Queremos la modernidad, por eso trabajaremos para dotar de herramientas legales a los medios comunitarios, estaciones de radio públicas y todos los involucrados de un marco jurídico acorde a las circunstancias que ahora se nos presentan”.

Manifestó que el Congreso deberá trabajar en una ley de medios incluyente y con elementos que la pongan a la vanguardia, con el objetivo de sacar a México del rezago tecnológico en el que se ubica.

El presidente de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Samuel Muñoz Gómez, hizo un llamado para que en el PEF de 2011 se etiqueten recursos por ocho mil millones de pesos.

“No quiere decir que con esa cantidad todos los medios estén digitalizados al 100 por ciento, quiere decir que es una cantidad estimada con base en algunos que ya llevan un avance importante; consideramos que se requieren cuando menos un par de estudios completamente digitales, unos cuantos equipos de cámara, transmisor, antenas y demás”.

Aclaró que los medios públicos no se oponen a la digitalización; “no es cierto, los medios de servicio públicos integrados a La Red no nos oponemos, sería ilógico”.

Puntualizó que se deben estudiar las condiciones particulares de los estados, “las realidades de cada una de las televisoras, no es la misma, por eso se debe incluir la posibilidad de contar con un financiamiento, una serie de recursos etiquetados para lograr la convergencia tecnológica”.

Señaló que otro punto importante a resolver es el retraso que tiene la Ley de Radio y Televisión, “es de hace 50 años; por ello advertimos la necesidad de legislar en esta materia, porque la misma digitalización así lo obliga”.

La directora del Canal del Congreso, Leticia Salas Torres, dijo que crear infraestructura de transmisión o de producción puede derivar en un derecho de acceso a esas instituciones que ya tienen una cobertura de carácter social o comercial.

“En ese sentido es importante contemplar la posibilidad que pueden tener un sistema al ampliar su cobertura con otras naciones, lo que abre nuevos caminos y entonces se presentan vacíos en la legislación actual”.

Añadió que la realidad de la televisión pública es que con este sistema se puedan generar más contenidos “y en eso veo una oportunidad para que participen más operadores o más instituciones, empresas, productores independientes, que amplíen la oferta programática de las televisoras públicas abriéndose la posibilidad de que instituciones estatales puedan participar”.

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