Con la mayoría calificada de 393 votos a favor, se aprobaron en lo general reformas a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política, para que en todas las decisiones del Estado se garantice los derechos de la niñez.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales precisa que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

Tal principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Además, los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y hacer cumplir estos derechos y principios.

Se establece la obligación del Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de niñas, niños, adolescentes, cumpliendo con los tratados internacionales que México firmó.

Al fundamentar, el diputado Reginaldo Rivera de la Torre (PRI) indicó que la realidad demuestra que niños y niñas enfrentan complejos fenómenos relacionados con la explotación sexual, abandono, maltrato físico y emocional.

La reforma, expresó, va encaminada a la armonización legislativa a favor de los derechos de la infancia, toda vez que las “nuevas generaciones de niñas y niños no nos pueden esperar sin que se reconozcan sus derechos”.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, su presidenta, diputada Yolanda de la Torre Valdez, expresó que se da un paso hacia la protección de los derechos de uno de los grupos de mayor vulnerabilidad social y se fortalecen las capacidades del Estado para revertir la desigualdad, pobreza, marginación, vulnerabilidad e inseguridad que enfrentan millones de menores.

En México, más de 3.5 millones de niños jornaleros agrícolas están sin ejercer su derecho a la educación y salud; un millón y medio no tienen acta de nacimiento; de 20 a 45 mil son susceptibles de robo, por lo que “los niños del país son altamente violentados”, agregó.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRD) se manifestó a favor de que se establezca una nueva redacción en el artículo 4 constitucional, con el objeto de fortalecer el marco jurídico en materia de la infancia y adolescencia.

Del PAN, la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández destacó que estas reformas no sólo quedarán en el papel, sino que cambiarán la vida de millones de infantes en el país, quienes en la actualidad padecen hambre, no van a la escuela, no tienen un padre, no juegan, no ríen, sufren de violencia, abuso, maltrato, o son explotados.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) puntualizó que la reforma consagra un principio jurídico sobre los derechos de la niñez y convoca a aprobar una legislación secundaria para garantizarlos plenamente.

Por Nueva Alianza, Gerardo Del Mazo Morales destacó la diversidad de rezagos en los derechos fundamentales de la niñez en materia de salud, educación y protección. “Se hace necesaria la obligación del Estado de analizar y evaluar las políticas públicas de protección hasta hoy implementadas”.

Juan Carlos Natale López (PVEM) subrayó que los derechos de la infancia y la adolescencia son prioritarios para la evolución de las próximas generaciones, al fomentar su desarrollo, educación y cultura.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) manifestó que “tenemos que reconocer que aún hacen falta acciones para proteger al 38 por ciento de la población”.

En lo particular

Por 376 votos en pro y una abstención se avaló con la mayoría calificada del Pleno, una modificación al artículo 4 del dictamen, para que el principio de garantía plena de los derechos de la niñez, guie el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a este sector.

La nueva redacción señala: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Al presentar la reserva, la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) argumentó que la razón de la adición y modificación, es reforzar desde una perspectiva instrumental de políticas públicas, lo que ocurre con las mismas y los recursos destinados a diferentes rubros, los cuales generalmente no se evalúan, y por lo tanto, la mayor parte de los apoyos económicos no atienden las problemáticas.

Aprobado en lo general y particular, se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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