La Comisión de Desarrollo de Microrregiones, que preside David Hernández Pérez (PRI) impulsará modificaciones a Leyes Generales de Residuos, a la de Servicio Eléctrico, y al artículo 27 Constitucional para detonar proyectos productivos de generación de energía eléctrica.

“Hay ciertas lagunas legales que no se han cubierto y que impiden que haya ese tipo de tecnología ya que se requiere dar incentivos fiscales a inversionistas, así como cambiar la legislación que regula la energía y el funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad para permitir a la iniciativa privada producir este tipo de energía a través de convenios”.

En el caso de la Ley de Residuos Sólidos se necesita delimitar claramente las competencias que tienen los municipios, los gobiernos de los estados y la Federación en manejo de residuos sólidos, especiales y en general, aseveró Hernández Pérez.

En la Ley del Servicio Eléctrico se tiene que checar hasta qué punto la CFE puede aceptar energía, producida por particulares.

Especificó que la actividad de recoger los desechos es obligación de los municipios porque forma parte de los servicios públicos y se indica en el artículo 115 Constitucional.

Así también, respecto a los residuos de los hospitales que se manejan como especiales, no se sabe si la Federación, vía Semarnat, debe hacerse cargo porque tiene que haber convenios de colaboración municipio-Federación, y cuando no existen se convierte en un problema de foco de infección y de acumulación, puntualizó.

Hernández Pérez enfatizó que de aprobarse las adecuaciones al marco legal, y en una visión de largo plazo, se entraría a una lógica de seguridad energética alternativa en la que otras naciones ya están trabajando, que ayuda a resolver el problema de acumulación de basura y su manejo.

Se estima -informó- que una tonelada de residuos sólidos orgánicos produce 0.66 Megavatios, equivalente a que entre cinco y siete toneladas al día pueden sostener a una ciudad de cerca de 20 mil habitantes en alumbrado público y casas habitación. “No hay un estándar, depende del modelo de máquina que opere en cada localidad o región”.

Ejemplificó que para un municipio de 300 mil habitantes que genera de 50 a 80 toneladas diarias de basura, podría generar su energía eléctrica con este equipo sustentable.

El equipo en cuestión tiene una capacidad de recuperación de entre el 85 y 90 por ciento y evita la contaminación por líquidos que se producen por la descomposición de materia orgánica en combinación con otros agentes nocivos y que se vayan a los mantos freáticos y que éstos a su vez ensucien el agua subterránea, que es lo que está pasando con los rellenos sanitarios, tanto en los regulados como en los clandestinos.

Dio a conocer que el costo de la planta está en función de su tamaño y del relleno sanitario que se vaya a sanear, una como para el municipio de Colima alcanza los 140 millones de dólares, con un retorno de inversión a 10 años.

Para que exista el financiamiento internacional por parte del Banco Mundial, el Banco Central Europeo, de Bonos de Carbono y Bonos Verdes tiene que estar certificado el relleno sanitario, explicó.
Apuntó que los Bonos de Carbono se obtienen cuando se certifica que el relleno sanitario cumple con estándares internacionales de sustentabilidad.

Precisó que hay una Norma Oficial Mexicana (NOM) que regula la operación del relleno sanitario que es la NOM-083 y otras. Estas se convierten hasta cierto punto en un impedimento, ya que al ser una norma general, cada municipio la interpreta de acuerdo a sus condiciones particulares, no ha conseguido los resultados para los que fue creada. De hecho pocos rellenos sanitarios funcionan con esta norma.

“Hemos estado teniendo reuniones con grupos que tienen proyectos alternativos, es el caso de algunas empresas de Estados Unidos que ofrecen a México equipo con patente que transforma la basura o residuos sólidos en energía, que a su vez se transforma en eléctrica, para poder sanear el costo de la que generan los municipios para sus alumbrados y edificios públicos”, estableció.

La Comisión se hace cargo de programas de desarrollo social y algunos de ellos convergen en el ámbito de microrregiones, “nosotros eso es lo que tratamos de hacer, que esta comisión se convierta en ordinaria que sería Desarrollo Regional para tener una bolsa de recursos y destinarlos a proyectos que generen empleo”.

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