El director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Xavier Abreu Sierra, informó a diputados que a la fecha hay 9 mil 500 presos de diversas comunidades en los Centros de Readaptación Social del país.

Ante la Comisión de Asuntos Indígenas mencionó que únicamente en 3 mil casos ha podido intervenir la dependencia a su cargo porque se trata de primodelincuentes o porque son delitos menores del fuero común, en tanto que los otros 6 mil 500 están por delitos graves o federales. En estos últimos casos, precisó, la CDI sólo puede proporcionar asistencia jurídica.

Los legisladores le precisaron que miles de estos presos siguen sin recibir sentencia por la falta de defensores y traductores en las diferentes etapas de los juicios.

“La Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, carece de personal especializado y aunado a ello, hay un desinterés de la CDI para atender no sólo este asunto, sino la problemática en general de los pueblos y comunidades indígenas”, señaló el diputado Héctor Pedraza Olguín (PRI).

Agregó que en varios casos, la falta de procuración e impartición de justicia ha provocado que se recurra a instancias internacionales, como ocurrió con Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, “indígenas que fueron violadas por elementos del ejército en Ayutla, Guerrero, en 2002 y que se cansaron de buscar justicia México”.

Recientemente, abundó, la Corte Interamericana resolvió a su favor y a pesar de ello, la justicia mexicana no se ha aplicado. “Así como ellas, ha habido otros casos de encarcelados injustamente”.

Luis Hernández Cruz (PRD) dijo a su vez que pese al movimiento armado de 1994, los indígenas del país siguen sin tener derecho a vivienda ni servicios básicos y si antes era Chiapas, ahora otra muestra son los tarahumara “que viven peor que los africanos”.

“En 1994 los indígenas de Chiapas se levantaron en armas demandando sus derechos más legítimos. Hay que hacer memoria y cumplir con esas demandas históricas”, demandó.

En tanto, el diputado Sabino Concepción Bautista (PRI) destacó que de acuerdo con la propia CDI, se aplicaron 7.2 millones de pesos para el proyecto de la excarcelación, sin embargo, “si vamos a los ceferesos, muchos de los indígenas presos no conocen siquiera qué es la CDI y mucho menos dicho proyecto”.

Además, subrayó que el apoyo de ese organismo es casi nulo y citó como ejemplo un caso: “llevé a la CDI una propuesta de 19 encarcelados indígenas, para que nos gastáramos un poquito de esos recursos que dice tener destinados; en la dependencia me contestaron: ‘sólo te autorizamos uno’. Los montos, agregó Concepción Bautista, eran pequeños, de 500 y 700 pesos. “Entre los 19 expedientes sumaban 5 mil 500 pesos, pero hubo un rechazo total. Ya no volví a insistir”.

Concluyó que el Informe de Gobierno en materia indígena, son sólo buenas intenciones, con estadísticas y cifras muy alentadores, pero muy alejado de la realidad que viven las comunidades.

“Hoy seguimos practicando una política asistencialista, hay muchos programas y las autoridades se acomodan el cuello para decir que están haciendo algo por los indígenas, sin embargo, esos programas dejan mucho que desear ya que de acuerdo con la estadística de Coneval, el 72 por ciento de los indígenas viven en la total pobreza.

La diputada María de Jesús Mendoza Sánchez (PAN) reconoció que a pesar del esfuerzo del gobierno federal y de la propia CDI, al menos el 50 por ciento de los recursos destinados a las comunidades se quedan en el camino.

En tanto, el diputado José Oscar Aguilar González (PRI) se pronunció por rediseñar la política indigenista a fin de hacerla más eficaz para erradicar la pobreza de los pueblos y comunidades e incorporarlas al desarrollo.

Finalmente, el diputado Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas reconoció el esfuerzo de la CDI en el manejo de los recursos, sin embargo, precisó, hay puntos que se deben de explicar a detalle, por lo que anunció que se reunirán de nueva cuenta con el director general, Xavier Abreu Sierra.

Concluyó que conocedora de la problemática indigenista del país, esta instancia legislativa buscará mayores recursos para la atención de ese sector, en el marco de la discusión del Presupuesto 2011.

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