Diputados del grupo de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca, se reunieron con la procuradora general de Justicia de esa entidad, María de la Luz Candelaria Chiñas, con el objeto de conocer los hechos violentos que se han registrado en los últimos años en San Juan Copala.

El presidente del grupo de trabajo, diputado Heliodoro Díaz Escárraga (PRI), expresó que algo que ha venido recrudeciendo los niveles de violencia entre las organizaciones que conforman la zona triqui (MULT- Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; MULTI-Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente; UBISORT Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui) es la disputa por el control político y el manejo de los recursos económicos.

“Sin lugar a dudas en la medida en que se incrementan los recursos esto se vuelve una disputa; quisiéramos conocer los recursos que se le suministran a San Juan Copala y los que se dan a estas organizaciones. Estoy convencido de que algo que pudiera ser una vertiente es la disputa por el control de los recursos”.

Resaltó que el asesinato del líder histórico del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, tienen que ser esclarecidos, toda vez que es muy raro el móvil.

Del PRD, las diputadas Juanita Arcelia Cruz Cruz y Florentina Rosario Morales destacaron que el problema de la zona es complejo y data de varios años, pero lo que más preocupa es qué se ha hecho para mediar en ese conflicto y que el nuevo sistema de justicia de la entidad no funciona.

Subrayaron que ese nuevo sistema ha provocado que la gente no se encuentre preparada para declarar, genera impunidad y más violencia; pidieron información sobre el asesinato de Heriberto Pazos, toda vez que su muerte puede complicar la situación.

Por el PT, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún mencionó que es sorprendente que haya 18 años de impunidad, pues ha quedado claro que el tema de procurar y buscar justicia no ha sido prioritario. “Claro que la gente se acostumbra a la impunidad”.

Se manifestó por un análisis antropológico de cómo se ha ido pauperizando la zona y su relación con el aumento de los conflictos. “Queda demostrado que a mayor miseria hay más conflicto social”.

La procuradora de Oaxaca, María de la Luz Candelaria Chiñas, resaltó que San Juan Copala es una zona conflictiva por su aspecto étnico, su condición geográfica y carácter beligerante, además de que persiste el uso del trueque como parte de su economía y la constante portación de armas de los habitantes de la zona triqui.

A partir de los años 80, 90 y en la época actual, indicó, se empezó a incrementar el índice delictivo; aumentó el número de averiguaciones previas, pues en la década de los 90s, se tuvo un promedio entre 40 y 50 homicidios, mismas que se han acentuado en los últimos años.

Expresó que el conflicto en la zona se da por el antagonismo entre las organizaciones (MULT, MULTI y UBISORT), así como de sus líderes. “Es un encono que no ha permitido que exista la paz en el lugar; atendiendo eso le hemos solicitado a la Secretaría General del estado que convoque a la conciliación, pues en la medida en que se solucione el conflicto socialmente disminuirá el índice delictivo”.

Puntualizó que el gobierno del estado “no está omiso, negligente e indiferente ante estas necesidades que se han agudizado a partir de los últimos tres años, donde se recrudeció la violencia, así como el resultado de homicidios y lesiones”.

Respecto al caso de Heriberto Pazos Ortiz, detalló que desde el primer momento se actuó de forma rápida y que se encuentran bajo arraigo los escoltas del líder; se está terminando con las declaraciones de los testigos.

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