Es necesario incluir en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la explotación laboral, el matrimonio forzado o servil, así como la venta de personas para que sean considerados como delitos, señaló la diputada Olivia Guillén Padilla (PRI).

Indicó que los grupos más vulnerables y propensos a ser víctimas de la trata de personas tienen una relación directa con su género y edad, lo que conduce a que la mayoría de las víctimas sean mujeres y niños de entre 10 y 14 años.

La trata, expresó, es un problema cada vez mayor que requiere de acciones urgentes para prevenirlo, pues cifras a nivel mundial de las víctimas oscilan entre 600 mil y 800 mil personas anualmente.

En el caso mexicano, puntualizó, no hay cifras exactas, pero se ubica en la quinta posición en cuanto a países con mayor número de trata de mujeres, “un problema que se incrementa por la constante desigualdad de género que aún impera”.

La integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios destacó que en el país, además de ser utilizadas para cuestiones laborales, a la mujer también se le usa con fines de explotación sexual en un 90 por ciento de los casos o para matrimonios forzados, sin alcanzar todavía la edad establecida en la ley para este efecto.

Dicho porcentaje, precisó, “visualiza la concepción que se le da a la mujer como una persona dedicada a los quehaceres del hogar o sólo para cumplir una satisfacción sexual”.

Subrayó que aunque sean diferentes las formas de actuar de los tratantes, hay varios factores que siempre están presentes, como la explotación de cualquier tipo, con el fin de lucrar para obtener ganancias y sobre todo el menoscabo de la dignidad humana.

Otra cuestión que ha favorecido el aumento en el número de víctimas de trata es el fenómeno de migración, el cual se incrementó por la ubicación geográfica de México como vecino de Estados Unidos y porque colinda con los países de América Central. “Esto provoca que a nuestro país se le considere como fuente, tránsito y destino para las víctimas de trata de personas”, aseguró.

Guillén Padilla agregó que las entidades con mayores índices de este delito son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo, pero sólo el D.F y Chiapas tienen leyes para prevenir y atender a las víctimas de este delito.

Por ello, mencionó que se tienen que reformar los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a efecto de incluir la explotación laboral, el matrimonio forzado o servil, y la venta de personas como delitos.

“Debemos ser firmes e implantar acciones que logren dar resultados positivos en cuanto a la prevención y castigo de este delito grave. Trabajemos para que este problema no siga creciendo y las leyes actuales funcionen para prevenirlo y castigarlo”, enfatizó.

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