Debido al aumento de reos procesados por delitos del fuero federal, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) presentó un punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno central a hacerse cargo de los gastos de manutención de este tipo de inculpados.

La diputada Aguirre Maldonado argumentó que los reos federales representan una importante carga presupuestal para los estados, porque merman las finanzas de sus respectivos sistemas penitenciarios, los cuales tienen una deficiente infraestructura y falta de capital humano.

Puso como ejemplo el estado de Nuevo León, donde el costo diario de manutención de un interno federal es de 173 pesos; sin embargo, la aportación central es de 50 pesos, lo que evidencia el esfuerzo que realizan las entidades para poder solventar los gastos.

Respecto del pago de la cuota alimenticia destinada hacia el año 2011 para internos del fuero federal, asciende a 932 millones 500 mil pesos, lo cual, dijo, resulta insuficiente para mantener la estadía de estos reos.

La también secretaria de la Comisión de Seguridad Pública sostuvo que las cárceles estatales presentan deficiencias al carecer de elementos y estrategias necesarias para lograr una verdadera reinserción social.

Problemas, dijo, como el hacinamiento, falta de recursos, desorganización y deficiencias en sus programas que afectan a los centros que tienen que custodiar reos federales, lo que tiene implicaciones directas en su funcionamiento.

Aunado a lo anterior, la sobrepoblación y la falta de recursos materiales generan condiciones de insalubridad, inseguridad y violación a los derechos humanos, lo que crea las condiciones para que los reclusos caigan en conductas violentas y de corrupción.

Señaló que la mayoría de las cárceles locales están diseñadas para albergar a reos de baja peligrosidad, lo que conlleva a que sean más frecuentes las fugas de criminales federales.

Además de que cada vez son más altas las cifras de penales estatales o de la Ciudad de México que tienen que custodiar a delincuentes implicados en delitos del fuero federal.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, 44 mil 446 personas están encarceladas por su implicación en delitos federales, los cuales corresponden a casi el 20 por ciento del total de la población carcelaria del país que asciende a 222 mil 771 internos.

Por lo anterior, y debido a que la ley no establece la obligatoriedad de la federación para hacerse cargo de la manutención de estos reos, la diputada Aguirre Maldonado exhortó al gobierno Federal a que cubra la totalidad de los gastos de alimento, y a la Secretaría de Seguridad Pública para que se aplique lo establecido en la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados.

Dicha ley establece que en materia de delincuencia organizada, la reclusión preventiva y la ejecución de penas se llevarán a cabo en los centros especiales del Distrito Federal y de los estados.

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