Debido a que el tráfico de animales ocupa uno de los primeros lugares en el comercio ilegal del mundo, situación de la que México no es ajeno, los diputados Alejandro del Mazo Maza y Diego Guerrero Rubio (PVEM) impulsan reformas al artículo 89 de la Ley General de Vida Silvestre.

En el proyecto de decreto se precisa que sólo se permitirá el aprovechamiento extractivo de flora y fauna silvestres en predios federales, cuando las actividades se realicen con el aval de la autoridad competente, con fines de investigación científica, proyectos de repoblación o reintroducción o como medida de manejo o control.

El objetivo es que al otorgar las autorizaciones para efectuar el aprovechamiento en predios de propiedad municipal y estatal, se tendrán beneficios para las comunidades rurales.

Los ingresos que obtengan los municipios y estados por el aprovechamiento extractivo de vida silvestre en predios de su propiedad, o en aquellos en los que cuenten con el consentimiento del propietario o poseedor legítimo, serán destinados al desarrollo de programas vinculados con la restauración, conservación y recuperación de especies y poblaciones.

Los diputados destacaron que los ingresos obtenidos por la Federación, por pago de derechos, es mínimo en comparación con los costos de extinción de la fauna del país.

Pusieron como ejemplo que en la temporada de caza 2007-2008 el monto recuperado fue de apenas de 382 mil 410 pesos, mencionaron.

Ante ello, consideraron primordial que se especifique en la Ley General de Vida Silvestre, que sólo se permitirán los aprovechamientos extractivos de flora y fauna silvestre en predios federales cuando se realicen con el aval de la autoridad competente para la investigación científica, para proyectos de repoblación o reintroducción, o como medidas de manejo o control.

Del Mazo Maza y Guerrero Rubio recordaron que en el artículo 238 de la Ley Federal de Derechos, se especifica que para el aprovechamiento extractivo de vida silvestre en predios y zonas federales, se paga el derecho con base en las siguientes cuotas:

Para el borrego cimarrón, 368 mil 837.77 pesos; venado bura en Sonora o cola blanca texano, 35 mil 478.14 pesos; puma, 13 mil 660.64 pesos; venado bura cola blanca en el resto del país y temazate, 10 mil 928.51 pesos.
Quienes tramiten derechos extractivos de animales silvestres, para el faisán de collar es de 6 mil 830.32 pesos; patos, palomas, codornices, cercetas, gansos, perdiz, tinamú, branta negra del Pacífico y otras aves, por lote, 20 mil 104.28 pesos.

A su vez, se tendrá que pagar por extracción de guajolote silvestre y pavo ocelado 4 mil 98.18 pesos; zorra gris y otros pequeños mamíferos 4 mil 98.18 pesos; gato montés, 2 mil 732.12 pesos.

Mientras que por jabalí (de collar, labios blancos, europeo), 2 mil 732.12 pesos y por borrego audat y berberisco, 683.02 pesos.

Los legisladores enfatizaron que el borrego cimarrón es una especie clasificada en protección especial, al igual que algunas aves entre palomas y codornices.

Así también se encuentran como especies amenazadas o en peligro de extinción, y en casos extremos algunas aves ya se consideran extintas en medio silvestre, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Son los casos del venado bura, algunos patos, palomas y codornices, gansos y cercetas.

La riqueza de especies de flora y fauna silvestre ha sido víctima de la captura, caza y extracción en el medio silvestre para el comercio, lo que constituye la segunda amenaza de las especies de fauna y flora, seguida de la destrucción de su hábitat.

El decreto fue presentado ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Medio Ambiente.

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