Más de 400 municipios carecen de policías y 91.3 por ciento de las instituciones policiacas del país apenas han adquirido armamento suficiente para dotar a 20 por ciento de sus más de 390 elementos, señaló el diputado Jaime Sánchez Vélez (PRI), integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

El legislador presentó un punto de acuerdo que exhorta al ejecutivo federal para que coadyuve con las autoridades locales de las entidades federativas, en donde se han perpetrado asesinatos y ataques en contra de presidentes municipales y funcionarios públicos de los ayuntamientos, a fin de encontrar a los responsables y ser juzgados.

También para que destine mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad, de manera inmediata, a los municipios y localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo de ingobernabilidad.

Precisó que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública en mil 029 municipios, trabajan 15 agentes en cada uno. En términos generales, 88.5 por ciento de los municipios tienen menos de 100 policías.

Además, dijo, muchos de los elementos que combaten a la delincuencia, en especial los municipales y estatales, lo hacen con recursos limitados y armas inapropiadas.

Agregó que alrededor del 40 por ciento de los más de 165 mil policías municipales en el país, gana entre mil y cuatro mil pesos; el 20 por ciento se ve en la necesidad de trabajar hasta por mil pesos de salario, precisó.

“Ni la federación ni los estados destinan los suficientes recursos a los municipios, cuyos alcaldes en muchas ocasiones son rebasados por los narcotraficantes, quienes construyen los espacios públicos y hasta crean empleos indirectos a la comunidad”, resaltó.

Muchos ediles o integrantes de cabildos se han visto forzados a aceptar las reglas de los capos o en caso contrario, han sido objetos de atentados en su contra o de su familia, añadió.

El legislador enfatizó que en los últimos tres años han sido asesinados más de cuarenta funcionarios municipales, entre alcaldes, ex ediles, regidores, secretarios de ayuntamientos y candidatos a alcaldes, además de varias decenas de policías locales y federales y militares.

Los asesinatos a alcaldes se registran en los estados con problemas de disputa entre grupos delictivos, como es Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, y otros donde la presencia del narcotráfico se suma a la descomposición social, como Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Consideró que el nivel de gobierno más cercano a la población es el municipio, mismo que cuenta con menos recursos y atribuciones, motivo por el cual, han sido presa fácil para las operaciones de narcomenudeo, construir infraestructura y conseguir apoyo político y complicidad por parte de integrantes de los cárteles.

“Es urgente diseñar y adecuar políticas y acciones que fortalezcan la administración de las alcaldías, con el fin de contrarrestar los efectos de la delincuencia organizada”, subrayó.

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