Diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores se reunieron con el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández García, para conocer las implicaciones legales en torno a los últimos acontecimientos ocurridos en la frontera entre México y Estados Unidos.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la instancia legislativa, dijo que es importante aclarar lo relativo a la operación denominada “Rápido y Furioso”.

Calificó de deliberada la acción de la autoridad estadounidense para hacer el seguimiento de armas.

“Pudiendo haber interceptado un tráfico ilícito de armas no lo hicieron, la siguieron, convalidaron el delito ¿para qué lo hicieron? Eso se debe aclarar”.

Subrayó que es necesario crear los órganos de Estado que permitan democratizar y hacer transparente la política exterior del país. “Nosotros queremos facultades para el Congreso de la Unión porque la Secretaría de Relaciones Exteriores está demandando centralidad en el equilibrio de fuerzas dentro del ejecutivo”.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (PRI) dijo que en el objetivo de lograr la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos y la lucha contra la delincuencia organizada han sobrevolado aviones extranjeros el territorio mexicano, “¿qué resultados específicos registran sobre esos vuelos en el interés nacional? ¿Qué logros ha registrado nuestro país en el diálogo en torno a la crisis generada por el programa nuclear de Irán?

Asimismo preguntó respecto a la solicitud de un miembro permanente del Consejo de Seguridad para que se requiera un embargo de armas a México.

En su oportunidad, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI) cuestionó sobre la forma en que los legisladores deben incidir en los acuerdos bilaterales para impulsar un acotamiento al tráfico ilegal de armas, “¿dónde están las grandes trabas? ¿Cuáles son los grandes retos?”

Sobre los vuelos de aeronaves extranjeras en territorio nacional, preguntó “¿quién los controla? ¿Dónde está la función sustantiva de la institución legislativa para conocer los alcances de los acuerdos de esos vuelos? ¿Cuáles son los propósitos de esos sobrevuelos?

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (PRI) manifestó que las fronteras tienen una porosidad en relación al ingreso de armas provenientes de los Estados Unidos. ¿Qué conocimiento tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto a las medidas adoptadas por la Secretaría de Hacienda a través del SAT y el sistema de aduanas, en relación al tráfico de armas?

La diputada Norma Sánchez Romero (PAN) expresó que existe una laguna legislativa en cuanto al tráfico de armas, por lo que solicitó la propuesta del consultor para cubrir esa laguna y combatir de forma más certera el tráfico ilegal de armas.

En respuesta, el consultor jurídico de la cancillería explicó que la situación de tráfico de armas hacia México no es un tema que tenga el umbral de una amenaza a la paz y la seguridad internacional. “Es un tema de preocupación internacional, pero es eminentemente bilateral y por ello el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas prefiere que esos temas sean resueltos por los Estados entre sí”.

Precisó que Naciones Unidas ha abordado el tema del tráfico de armas en distintas instancias: con un programa de acción en materia de armas pequeñas y ligeras que incluye en temas como posesión de armas, tráfico ilícito de armas y que los Estados bienalmente presentan informes.

Otro es un futuro tratado sobre comercio de armas, el cual establecerá cuáles son los parámetros que se tienen que cumplir los Estados para evitar el tráfico ilícito de las armas.

El funcionario explicó que el problema tiene dos vertientes, uno es la exacerbada facilidad y disponibilidad de armas que se da en Estados Unidos, otra, cuando esas armas salen de su cauce jurídico y son desviadas al mercado ilícito y entonces entran traficadas a territorio nacional.

Por ello, consideró que en el marco de las reuniones interparlamentarias México-EU hagan ver a los legisladores estadounidenses que ellos tienen la facultad de establecer controles más estrictos a la posesión y a la venta de armas. “Para que haya leyes que tomen en cuenta esta realidad que nos afecta”.

Refirió que la actual Ley de Celebración de Tratados es insuficiente para establecer responsabilidades a los funcionarios que exceden sus facultades y no da ninguna obligación de publicidad de los acuerdos interinstitucionales.

Mencionó que el Protocolo de Palermo establece una ruta para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, con medidas de cooperación internacional que deben adoptar el Estado exportador, el importador y el de tránsito, a través un sistema de licencias.

Pero igualmente, dijo, hay que tener la capacidad operativa que deben de tener los Estados importadores y exportadores para verificar el cumplimiento de estas medidas.

“Es claro que las autoridades estadounidenses tienen la obligación de evitar en su territorio que exista un desvío de armas. Pero en el mismo tenor existe una obligación de parte de las autoridades aduaneras mexicanas para establecer los controles aduaneros, los puntos de internación para evitar que haya tráfico de armas”.

En cuanto al sobrevuelo de aviones extranjeros sobre territorio nacional, señaló que existe el marco jurídico internacional, constitucional y legal que le otorga al gobierno federal la facultad de autorizar el sobrevuelo de aviones extranjeros sobre el espacio aéreo, tanto con fines comerciales y de transporte como de otro tipo.

“Estas operaciones en el espacio no son reservadas, porque le competen exclusivamente a nuestras autoridades y su propósito es simplemente el intercambio de información que se realiza de estas aeronaves con las autoridades mexicanas y en ningún caso son aeronaves que se encuentran armadas. Es un proceso que se autoriza por la Secretaría de la Defensa Nacional”, añadió.

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