La diputada Margarita Liborio Arrazola, del grupo parlamentario del PRI, presentó iniciativa que expide la Ley para el Impulso a favor del Desarrollo Pleno de las Mujeres Jefas de Familia, la cual tiene el objetivo de promover, impulsar, coordinar e implementar acciones que favorezcan el desarrollo pleno de las jefas de familia y de sus dependientes.

En el documento se establece que del año 2000 a la fecha ha aumentado hasta una cuarta parte de la población las mujeres que son jefas de familia y según estimaciones, es más difícil contar con un empleo, donde sólo el 59 por ciento son asalariadas; mientras que el 41 por ciento se encargan de buscar trabajo doméstico o atendiendo comercios.
Liborio Arrazola dijo que esta ley considera como jefas de familia a madres solteras y viudas, así como divorciadas que reciben menos de 20 salarios mínimos de pensión, que tienen esposos discapacitados por algún accidente, esposos privados de su libertad o migrantes.
En la iniciativa, que se turnó a la Comisión Desarrollo Social para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión se establece que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creará un fideicomiso público a favor de las mujeres jefas de familia, el cual será utilizado para otorgar apoyos a aquellas mujeres que se encuentran sin empleo de manera temporal, y que en el presupuesto destinado a equidad y género, se destinará el 10 por ciento para diseñar programas de apoyos monetarios destinados a las jefas de familia.

Apoyo a personas con discapacidad

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, presentó iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de otorgar apoyo económico bimestral equivalente a 30 días de salario mínimo a familias en situación de pobreza o marginación que tengan entre sus miembros personas con discapacidad permanente.

Dijo que existen 5 millones 739 mil 270 personas con diferentes tipos de discapacidad, lo que representa 5.1 por ciento de la población general; el 63 por ciento de este sector con discapacidad se encuentra entre los dos quintiles de los hogares más pobres del país. Se envió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Deducir impuestos a organizaciones que den asistencia social

Con el objetivo de ampliar el tipo de organizaciones de asistencia social que puedan expedir recibos deducibles de impuestos, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En la propuesta se establece que además de las señaladas en el artículo 102, sean consideradas las de apoyo a la alimentación popular; las enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público; de asistencia jurídica; de apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Usar tecnología para el combate al rezago educativo

Con el propósito de introducir el uso de la tecnología de información y comunicación como una herramienta para disminuir el rezago educativo, el diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del grupo parlamentario del PVEM, propuso reformas a los artículos 33, 43 y 45 de la Ley General de Educación.
En la iniciativa, turnada a la Comisión de Educación y Servicios Educativos, se establece que los servicios de formación para el trabajo incluirán el uso de estas tecnologías para la transmisión de conocimientos, habilidades o destrezas, así como para su certificación y evaluación.

Resarcir daño a víctimas de fraude

Con el objetivo de resarcir los daños económicos que sufrieron las víctimas de empresas que usaron campañas publicitarias engañosas en las que prometen “jugosos” intereses y rendimientos altos, el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT, presentó una iniciativa que crea la Ley del Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de la Economía Familiar.

Dicho fideicomiso tendrá entre sus facultades investigar los actos de quienes no siendo entidades financieras realicen operaciones de este tipo, así como ordenar la suspensión de sus operaciones; se integrará con recursos presupuestales por un monto de mil 800 millones de pesos para resarcir el quebranto patrimonial que han sufrido los defraudados. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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