• El diputado Eduardo Yáñez presentó una iniciativa al respecto

Casos como el de “Presunto Culpable”, o el de las mujeres indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, no deben ocurrir más en nuestro país y menos aún que los servidores públicos responsables queden sin castigo, afirmó el diputado Eduardo Yáñez Montaño (PRI), quien informó que la Comisión de Justicia, de la que es integrante, dictaminará favorablemente la propuesta encaminada a resarcir estos errores.

El legislador hizo referencia a la iniciativa que presentó ante el pleno para adicionar un artículo 225 Bis al Código Penal Federal, a fin de sancionar a los servidores públicos del sistema de procuración e impartición de justicia que por culpa, negligencia o dolo, ejecuten acciones para retener a una o varias personas de manera ilegal o que al final de una sentencia definitiva sean absueltos.

Aseguró que, a la fecha, los servidores públicos, ya sean de procuración o impartición de justicia responsables por dicho acto de violación a los derechos humanos, no son acreedores a ningún tipo de sanción, dado que son éstos quienes por falta de previsión, atención, interés o cuidado, no observan correctamente lo que por su cargo están obligados y que por esa negligencia afectan la vida de personas y de sus familias.

El problema se agrava, indicó Yáñez Montaño, cuando en esta conducta u omisión interviene el dolo, concretamente en casos donde en la investigación transcurre el tiempo sin hallar al probable responsable y al sentirse presionados por la sociedad y los medios de comunicación, de manera intencional señalan a cualquier ciudadano, fabricándole pruebas, e incluso, obligándolo a confesar hechos que no cometió para ponerlo a disposición del juez.

En este sentido, mencionó el diputado, en nuestro país se han registrado varios casos, como el de Antonio Zúñiga, protagonista del documental “Presunto Culpable”, que demuestra las deficiencias del sistema de justicia, y que finalmente obtuvo su libertad por irregularidades flagrantes en el juicio y falta de pruebas.

“O el de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, detenidas en marzo de 2006 acusadas por el delito de secuestro y posesión de cocaína, quienes permanecieron recluidas en el penal femenil de San José El Alto hasta el 28 de abril de 2010, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y revocó la sentencia emitida por el juez cuarto de Distrito en el estado de Querétaro.

En entrevista, el diputado Eduardo Yáñez dijo coincidir con el criterio del ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en el sentido de que ante la gravedad de casos como los mencionados, la solución no puede limitarse sólo a la liberación de los acusados, sino que necesariamente se debe incluir al menos tres aspectos más: la reparación del daño; responsabilidad de policías, ministerios públicos y jueces involucrados, así como una profunda reforma al sistema de procuración e impartición de justicia.

El legislador señaló que la Comisión de Justicia ya tiene listo el dictamen que será puesto a consideración de éste órgano legislativo para luego someterlo a votación ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Lo que se está proponiendo, explicó, es incluir un artículo 225 Bis al Código Penal Federal en el que se establece una pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo a servidores públicos del sistema de procuración e impartición de justicia involucrados en actos como los mencionados.

“El efectivo de la multa aplicada sería entregada al o los sentenciados absueltos y cuando la conducta sea dolosa, la prisión será de cuatro a diez años, además de que el servidor público será destituido e inhabilitado para desempeñar otro cargo o empleo en un periodo de tres a diez años”, subrayó.

Concluyó que nuestro sistema de justicia es de corte garantista y se imparte bajo el principio de presunción de inocencia.

“Un derecho fundamental porque deriva de la necesidad de considerar a toda persona inocente hasta en tanto se demuestre su culpabilidad. La presunción de inocencia constituye uno de los ejes rectores de todo sistema penal en el contexto de un estado de derecho democrático”, dijo.

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