• Se daría un bono de 30 mil pesos por auto “chatarrizado”

El presidente de la Comisión Especial de la Industria Automotriz, diputado Melchor Sánchez de la Fuente (PRI) propuso que la Secretaría de Economía ponga en práctica un programa de renovación vehicular que permita chatarrizar al menos 200 mil unidades, ante el grave riesgo que representan para el autotransporte y el foco de contaminación.

A través de un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Economía, pidió retirar unidades con más de 10 años de antigüedad, y otorgar un bono con valor de 30 mil pesos por auto destruido, así como coadyuvar a la recuperación del mercado interno de automóviles nuevos.

Sánchez de la Fuente refirió que mediante un programa de renovación vehicular aplicado en 2010 se pretendía la destrucción de más de 50 mil unidades y se terminó con una cifra de poco más de 16 mil.

Mencionó que dicho programa otorgaba un certificado de destrucción con un valor de 15 mil pesos y operaba con reglas poco viables y difíciles de tramitar, lo que inhibió a los usuarios a considerar la destrucción de sus vehículos, que cumplían con las características para ser chatarrizados, porque alcanzarían un precio mayor en el mercado.

“La experiencia muestra las deficiencias que el programa anterior presentaba y el modo de corregirlas, por lo que el incremento del subsidio garantizaría la chatarrización de más de 150 mil unidades, resultando en un claro beneficio para la ecología, seguridad, economía, y coadyuvaría a la recuperación del mercado interno y sus empleos”, abundó.

El legislador resaltó que la industria automotriz nacional es uno de los principales pilares de crecimiento y desarrollo económico, ya que tan sólo en 2010 generó más de 26 mil millones de dólares, cifra superior a la del turismo, y además fue creadora de empleos directos e indirectos.

Enfatizó que uno de los problemas que enfrenta el sector es la sobreoferta del mercado de autos usados, que tiene su origen en la importación indiscriminada proveniente de Estados Unidos.

Añadió que desde 2005 se publicó el decreto por el que se permitía la entrada de estos vehículos y han ingresado al país más de 6 millones, lo cual devaluó los autos usados nacionales y desarticuló el mecanismo para la adquisición de nuevos.

Puntualizó que esta situación ocasiona graves problemas para el entorno ecológico y económico, pues ha llevado la edad promedio del parque vehicular de 10 a más de 15 años; frena el desarrollo del mercado interno, compromete la estabilidad laboral y refuerza la dependencia de las exportaciones.

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