La Cámara de Diputados aprobó cuatro puntos de acuerdo para combatir la trata de personas; uno de ellos, solicita a los titulares de los gobiernos Federal, estatales y del Distrito Federal atender de manera integral el combate a este delito para que realicen las acciones que permitan contar con registros de información.

Lo anterior, a efecto de conocer la situación de ese fenómeno delictivo en el país y en cada entidad federativa, a fin de fortalecer su legislación y tomar las medidas necesarias para su prevención y combate.

El documento precisa que en México hay por lo menos 47 redes delincuenciales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, cuyas víctimas al año son 800 mil adultos y 20 mil niños, según la Red Nacional de Refugios.

La ruta de acción de este acto delictivo abarca los estados de Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo, así como países centroamericanos.

El otro punto solicita a los gobiernos estatales a contemplar dentro de sus solicitudes de presupuesto, una partida especial asignada para combatir y prevenir la trata de personas.

El documento precisa que el gobierno no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de este delito al no contar con la infraestructura en vigilancia, control y operación de sistemas de inteligencia estatal homologados que les permitan compartir información.

Señala que funcionarios estatales y locales no distinguen adecuadamente entre el tráfico de indocumentados y los delitos de trata de personas y que muchos jueces y policías estatales no están familiarizados con leyes locales en este tema.

Otro punto de acuerdo solicita a los gobernadores de los estados identificados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como los de mayor incidencia de casos de trata de personas, para que intensifiquen las acciones de coordinación interinstitucional, que contribuyan a la prevención y combate a este delito.

Además exhorta al Instituto Nacional de Migración (INM) para que se coordine con los gobernadores y municipios de los estados fronterizos y de zonas turísticas, en la realización de operativos de vigilancia y supervisión en terminales aéreas, marítimas y terrestres, así como clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares, a fin de detectar y castigar a quienes cometan esos ilícitos.

Precisa que entre las ciudades y estados que representan señales de alerta se encuentran Nogales, Sonora; Acapulco, Guerrero; Tapachula, Chiapas; Tijuana y Mexicali, en Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo; Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco.

También, se han documentado casos en Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Querétaro y el Distrito Federal, según el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, elaborado por la CNDH.

Otro punto de acuerdo pide al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, envíe sus propuestas y reflexiones relativas a la expedición y adecuación del decreto publicado el 10 de junio de 2011, en materia de trata de personas.

Lo anterior, con el objeto de establecer nuevos ordenamientos acordes a los artículos aprobados con las reformas decretadas, ya que se considera necesario escuchar opiniones en la materia para garantizar leyes con la participación de organismos autónomos, sociales, académicos, especialistas nacionales e internacionales.

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