03-03-12 El diputado Armando Ríos Piter (PRD) impulsa la iniciativa que expide la Ley para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los jóvenes, con el fin de garantizar sus derechos y determinar los deberes.

Indicó que los jóvenes mexicanos no tienen reconocimiento de derechos a pesar de que son la mayoría poblacional, pues el 30% de los habitantes, se encuentra entre los 25-29 años.

Ello, dijo, coloca a este sector social como un grupo vulnerable y sujeto a permanentes de procesos de exclusión social: falta de educación, trabajo, salud, vivienda, medio ambiente así como la violencia directa e indirecta.

Subrayó que debido al deterioro de las instituciones en México y en el contexto de la violencia directa, la juventud es la más afectada: de cada 100 estudiantes, 48% no asisten a la escuela y, únicamente 2 de cada 10 tienen la oportunidad de estudiar en la universidad.

En la iniciativa se sostienen que según la Estrategia Nacional de Seguridad, la tasa de homicidios ha aumentado considerablemente en adolescentes desde los 15-17 años, y las posibilidades de niños y jóvenes para el desarrollo de una calidad de vida digna se ven disminuidas por las muertes de uno o ambos padres. Además, no existe un reconocimiento del resarcimiento del daño patrimonial, físico o psicológico causado.

De igual manera la Encuesta Nacional de la Juventud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señalan que son alrededor de un millón 561 mil 641 niños entre 5 y 17 años que no estudian ni trabajan, y siete millones 796 mil 630 de jóvenes desde los 12 hasta los 29 años se encuentran en la misma situación, lo cual sitúa a esa población como presa fácil del narcotráfico y de la delincuencia organizada; existen 7 millones de madres solteras en el rango de 12 a 19 años, entre otras cifras.

El legislador enfatizó que es primordial que los legisladores y los tres ámbitos de gobierno reconozcan a las y los jóvenes como: un “actor social estratégico para la transformación y mejoramiento del país”.

En la iniciativa se establecen mecanismos entre los tres órdenes de gobierno, que permitan el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas enfocadas a la problemática de la juventud.

La iniciativa, que será analizada por la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión,
contempla como principios rectores del desarrollo de la juventud, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad y la transversalidad de los derechos humanos, la sustentabilidad, la equidad, la laicidad, la transparencia y la pluralidad, cuyos ejes rectores serán la paz y la vida digna de la juventud.
La Ley se divide en dos partes. La primera, expone los fundamentos de las políticas e instrumentos por los cuales el Estado garantizará el desarrollo integral y equitativo de la juventud.

Asimismo, se determinan los principios que deben regir las políticas de protección de la juventud, que estarán enfocadas en la restitución del libre goce de los derechos de la juventud, desde todos los ámbitos de la acción social, para erradicar e impedir cualquier práctica que tenga como fin dilatar, obstaculizar o imposibilitar su ejercicio.

La segunda parte propone la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los jóvenes, cuyo máximo órgano de coordinación será un consejo nacional integrado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión, cuya finalidad será el establecimiento de políticas integrales y equitativas, sistemáticas, continuas y evaluables para garantizar y proteger los derechos de las y los jóvenes.

Entre los derechos que considera esta ley se encuentran las medidas de protección contra la tortura y los tratos crueles; la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio, así como no ser llamados a prestar sus servicios en hostilidades militares; la no criminalización; la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, reunión y asociación.

En cuanto a los deberes: respetar la integridad personal de todas y todos sin distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, orientación o preferencias sexuales y estado civil.

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