06-03-2012 La Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de regular las concesiones marinas para la restauración y fortalecer la participación social en el establecimiento de áreas naturales protegidas.

Con 298 votos a favor, 23 en contra y cuatro abstenciones, se aprobó adicionar un capítulo IV, titulado “Establecimiento y manejo de las concesiones marinas para la restauración”, en el cual se establece que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca podrá otorgar concesiones de columnas de agua.

Lo anterior, con objeto de fomentar e incentivar la participación corresponsable de las organizaciones del sector social, ejidos, comunidades y cooperativas de pescadores, así como las comunidades indígenas en la implementación de acciones para la restauración y protección de los ecosistemas en zonas marinas, en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción.

Precisa que el establecimiento y manejo de las concesiones marinas para la restauración es de interés público y tienen por objeto fomentar e incentivar las actividades tendentes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales para el repoblamiento de las especies nativas.

Asimismo, establecer políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro; orientar a que las actividades que se lleven a cabo en la zona concesionada, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable y con un enfoque de manejo integral de los ecosistemas marinos y crear esquemas de desarrollo comunitario.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Agustín Torres Ibarrola (PAN) refirió que el país cuenta con más de 11 mil kilómetros de litorales en los que viven el 15 por ciento de los mexicanos. Estas zonas brindan enormes servicios ambientales, recreación turística, alimentos y son la fuente económica de miles de familias mexicanas.

Consideró que al ser tan extensa la superficie para conservar, es necesario crear figuras distintas en las que se pueda involucrar a las comunidades costeras. Se busca la creación de redes y de reservas marinas o zonas de conservación que sean refugios pesqueros.

Precisó que con la reforma se logrará el respaldo jurídico de los esfuerzos voluntarios por parte de las comunidades locales y permitirá restaurar los sistemas marinos.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que la reforma tiene por propósito la explotación de recursos marinos y no su restauración. “Es verdad que fomenta y que promueve que sea el sector social, las cooperativas, los que se encarguen de la explotación de estos recursos marinos, pero se trata, al fin y al cabo, de una suerte de privatización por 20, por 30 años para explotar estos recursos”.

En tanto, la diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD) señaló que se incorpora a las comunidades indígenas, a las comunidades ejidales, a las cooperativas pesqueras para que sean los principales beneficiarios de estas concesiones.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que se pretende abrir las concesiones a particulares en aguas territoriales marítimas de nuestro país.

Por su parte, la diputada Susana Hurtado Vallejo (PRI) indicó que la reforma crea diversos instrumentos de gestión ambiental mediante los cuales se protege el medio ambiente. La concesión facilitará e incentivará a las comunidades costeras para que participen activamente y sean corresponsables en su restauración y conservación.

El diputado Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) enfatizó que el propósito fundamental es que los beneficiarios de este tipo de concesiones para la restauración sean integrantes del sector social de la economía. Asimismo, garantizar que las concesiones beneficien a los usufructuarios del suelo como los ejidos y las comunidades indígenas.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (PAN) indicó que los desequilibrios ecológicos en los ecosistemas marinos han provocado pérdidas de bienes y servicios ambientales, lo que genera un alto impacto ecológico, económico y de seguridad en las sociedades costeras. Las comunidades costeras son importantes aliadas en lograr su conservación y restauración.

Por último, el diputado Mario Di Costanzo Armenta (PT) consideró que respetar la soberanía y los valores de la patria “es no abrir la puerta de atrás para entregar los recursos naturales del país a empresas extranjeras”. Consideró que se debía regresar el dictamen para discutir en la Comisión.

Participación social en áreas naturales protegidas

El otro dictamen reforma el artículo 58 para establecer que los estudios que se realicen previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas, deberán estar a disposición del público para su consulta por un plazo de 30 días naturales.

Dichos estudios deberán estar publicados en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Ecológica y en el periódico de mayor circulación en la entidad o entidades involucradas.

La modificación aprobada con 317 votos a favor y seis en contra, establece que durante el periodo de consulta pública, cualquier ciudadano podrá presentar por escrito observaciones y recomendaciones respecto el contenido del estudio justificativo.

Asimismo, la opinión que solicite la Secretaría a gobiernos locales, dependencias, organizaciones sociales, pueblos indígenas, universidades, centros de investigación, instituciones y organismos, tendrá el objeto de que los propietarios de los predios que habrán de integrarse al área natural protegida y la sociedad en general, participen y asuman responsablemente las obligaciones que se deriven del acto de la posible declaratoria.

El diputado Juan Pablo Escobar Martínez (PAN) consideró que es necesario seguir protegiendo la vida silvestre en México.

Por su parte, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) precisó que este dictamen otorga al propietario la posibilidad de opinar y de hacer observaciones sobre el proyecto de declaratoria de área natural protegida, pero no le confiere un derecho de defensa pleno ni le confiere la protección a su derecho y a su garantía de audiencia.

La diputada María Dina Herrera Soto (PRD) subrayó que con esta reforma se promueva entre las comunidades involucradas un modelo de desarrollo hacia la sustentabilidad, logrando así que el desarrollo económico y social sea compatible con la conservación de la naturaleza.

Por el PAN, el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade señaló que la publicación de los estudios en los medios de comunicación referidos contribuirá a la generación de mayor transparencia e información a los ciudadanos que requieran conocer de los asuntos relacionados con el establecimiento de las áreas naturales protegidas.

Las dos reformas fueron enviadas al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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