• El mayor reto es en el ámbito laboral: diputado Rios Piter

14-03-2012.- A 30 años de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), diputadas, diputados, funcionarias y representantes de organismos internacionales se manifestaron por impulsar una reforma laboral con perspectiva de género, en donde se reconozcan los derechos de las mujeres y se evite su discriminación.

La presidenta de la Comisión de Equidad y Género, diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (PRD), indicó que en México la igualdad de oportunidades para las mujeres sigue siendo un reclamo.

En el foro La situación de las mujeres latinoamericanas a 30 años de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) precisó que esas garantías no han sido debidamente aseguradas por el Estado, e incluso se registran retrocesos legislativos en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Mencionó que los feminicidios son una realidad constante y lacerante frente a una autoridad insensible e incapaz; la alerta de género es letra muerta en la ley, por lo que se debe pugnar por superar el esquema de cuotas para el acceso de las mujeres y hombres a los puestos de elección popular y a los cargos de toma de decisiones en los ámbitos partidistas así como dentro de los tres órdenes de gobierno y de los Poderes de la Unión.

De igual modo, dijo, se busca incidir en la reforma laboral, a fin de insertar en su gestión de los derechos humanos y las garantías que otorga la Constitución, los tratados internacionales y diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativos a los trabajadores del hogar que representan más de dos millones, de los cuales, el 91 por ciento son mujeres.

En el foro, realizado en el vestíbulo del edificio E del Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Armando Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que a 30 años de la Convención es preocupante que haya retos, lo que significa que “debemos trabajar de manera inmediata y rápida”.

Mencionó que el mayor reto se ubica en los derechos laborales de las mujeres. “Estoy convencido que si al tema de la reforma laboral le hubiéramos entrado bajo la lógica de la equidad género y los derechos de las mujeres, así como de tantas cosas anacrónicas que no corresponden a la realidad de la población, otra historia hubiera sido de esa ley”.

Se necesita, afirmó, una ley en la materia, pero en esa discusión se tiene que poner al frente a las mujeres ante la nueva lógica del contexto laboral del país y de una verdadera revolución que las ponga en frente, y con ello, “hacer una amalgama sólida con una visión diferente y sin traspiés políticos”.

Ríos Piter enfatizó que de cara a los grandes retos nacionales, ante un país cuyo tejido social está convulsionado y la necesidad social de un nuevo pacto para entender las relaciones de ciudadanos e instituciones, se puede pensar en una nueva Constitución, en donde se perciba a México con una visión de equidad y género.

Por la Mesa Directiva, su vicepresidenta, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (PRD) argumentó que hoy se puede constatar la importante participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, social y económica. “Hemos logrado avances en la autodeterminación, autonomía y gobierno de nuestro propio cuerpo, mismos que deben ser reconocidos por la sociedad”.

La aplicación de una política enfocada a las mujeres significaría un impulso a la economía nacional, pues reúne características de responsabilidad, trabajo y planificación: se requiere la adecuación del marco jurídico en los tres ámbitos de gobierno y la generación de condiciones que permitan garantizar el pleno respeto a sus derechos civiles y políticos”, afirmó.

Resaltó que se necesitan programas para que hombres y mujeres conozcan, reconozcan y respeten los derechos fundamentales. “Pugnamos por una sociedad justa, equitativa, con instituciones fuertes, capaz de dar seguridad y respeto a los derechos de los ciudadanos y en especial de las mujeres”.

A su vez, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, expresó que la voluntad política de los tres poderes y ámbitos de gobierno, de organismos internacionales y de la sociedad han sido fundamentadas para consolidar avances de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Resaltó que administrar y procurar justicia con perspectiva de género sigue siendo el reto del país, y reconoció la voluntad del Poder Judicial para dictar justicia con perspectiva de género.

“Escuchando el caso de Florence Cassez me encuentro con que tenemos un estudio de más de 150 mujeres indígenas que les fue violado su derecho desde el principio, al no acceder a un intérprete, abogado y, dado que estos casos están en la Corte deberían estar discutiéndose si salen libres por la violación de su proceso; debemos también llevar esos casos a la Corte porque en México las mujeres debemos ser iguales”, abundó.

Sobre la reforma laboral, la titular del Inmujeres hizo votos para que se construya un dictamen, conforme a lo que representa este sector en el país y garantice la no discriminación, pues la actual Ley es de 1950 y la realidad de las mujeres es muy diferente, pues se siguen padeciendo discriminación en el salario y horarios.

La directora regional ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güezmes García, detalló que el contexto electoral actual es oportuno para hacer un balance de los avances y reconocer los desafíos para que la igualdad de género sea real y tangible a favor de las mujeres.

Detalló que uno de los objetivos de la ONU es que al menos el 30 por ciento de los puestos de elección popular estén ocupados por mujeres. En este momento, solamente 29 países han superado ese mínimo de representación y, de ellos, al menos 24, lo han hecho por medidas de acción positiva o de cuotas.

México, dijo, tiene un 27 por ciento de diputadas y 22 por ciento de senadoras, por lo que “pensamos que se encuentra en un momento clave y crítico para poder hacer la diferencia y lograr en las próximas elecciones pasar al mínimo de paridad”.

El desafío, agregó, es la protección de las mujeres en las leyes laborales, pues existen prácticas, costumbres y normas discriminatorias hacia ellas en las instituciones públicas y del sector privado, como la prueba de embarazo, los despidos injustificados y la discriminación salarial.

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