14-03-2012.- La Comisión de Desarrollo Social, que preside el diputado Carlos Flores Rico, instaló un grupo plural de trabajo para dar seguimiento a la aplicación de los programas sociales del ramo 20 durante el proceso electoral 2011-2012, para que no sean utilizados con fines electorales.

El diputado Flores Rico (PRI) señaló que en los próximos días dará inicio el proceso electoral federal y local, por lo que esta comisión acordó la instalación e integración de este grupo plural.

Dijo que una de las preocupaciones de la Comisión es el uso honesto, cuidadoso e institucional de los recursos públicos que “normalmente se presta a suspicacias y denuncias”.

Mencionó que en este momento se está usando todo el apoyo y el recurso público necesario para cubrir la meta del Programa 70 y Más, para que en este mismo año un millón 100 mil personas se incorporen, “pero todo eso debe ser con apego a la estricta observancia en la ley, a la imparcialidad del servicio público y fundamentalmente, a la transparencia y cuidado honrado de los recursos”.

Flores Rico precisó que en el grupo estarán representados todos los grupos parlamentarios. Lo integran los diputados Aníbal Peralta Galicia (PRI), Enrique Torres Delgado (PAN), Martín García Avilés (PRD), Liborio Vidal Aguilar (PVEM), Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (PT).

El diputado Martín García Avilés (PRD) aclaró que el grupo de trabajo tiene el propósito de vigilar que los programas de desarrollo social no sean orientados o utilizados en este proceso electoral para favoreceralguna campaña o candidato en particular, ya que se va a renovar el máximo Poder del país y habrá elecciones concurrentes en muchos estados de gobernadores, senadores y diputados.

La idea, dijo, es que se blinde la elección y no se tenga noticias de que se están desviando programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, pero también de las secretarías locales en los estados. “Vamos a entrar en vinculación con la secretaría del Ramo, con el Instituto Federal Electoral, con Función Pública, con Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y con las delegaciones de desarrollo social.

El diputado Enrique Torres Delgado (PAN) subrayó que el objetivo es cuidar que los recursos de los programas federales no se utilicen para inducir el voto a favor de alguno de los partidos políticos. Aclaró que no serán un órgano fiscalizador, “aquí no es donde se van a interponer las quejas o denuncias, para eso existen instancias especializadas”.

En su turno, el diputado Liborio Vidal Aguilar (PVEM) indicó que ya se está viendo en entidades federativas que algunos programas se están utilizando para favorecer a un partido político, por lo que se pronunció porque el grupo sea imparcial y objetivo.

El diputado Aníbal Peralta Galicia (PRI) consideró que es muy relevante darle difusión a este grupo porque su presencia en los estados o municipios será muy importante para detectar alguna anomalía.

Por su parte, la diputada Alba Leonila Méndez Herrera (PAN) comentó que se deben involucrar también a los estados, a través de las comisiones de los congresos locales, para vigilar no solamente los programas federales sino también los estatales.

Durante la reunión de trabajo también se aprobaron diversos puntos de acuerdo. Uno exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de que por conducto de la Secretaría de Desarrollo, realice las acciones necesarias para que Liconsa y Conasupo aseguren en 2012 el volumen de abasto de maíz, frijol, leche y otros productos de la canasta básica para las personas en situación de pobreza; ya sea a través de modificaciones presupuestales, reasignaciones, ampliaciones o transferencias de otras fuentes de ingresos.

Otro punto solicita al Ejecutivo Federal implementar un proyecto integral para abatir en el mediano plazo las condiciones de marginación y rezago social en que se encuentran los Rarámuris de la Sierra Tarahumara.

Uno más exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que conjuntamente con los gobiernos de los estados en cuya demarcación se ubique en zonas metropolitanas debidamente delimitadas, promuevan la participación ciudadana en el proceso del ejercicio del Fondo Metropolitano de 2012, a través de la inclusión de integrantes de organizaciones de la sociedad civil en los respectivos consejos para el desarrollo metropolitano.
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