• Se creará un fondo federal para la atención de las víctimas

15-03-2012.-El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, que establece hasta 15 años de cárcel a quien enganche, transporte, transfiera, retenga, reciba, acoja o entregue a una persona con fines de explotación, y hasta 40 a quien compre o alquile esos servicios.

Asimismo, castiga con pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil días multa, al padre, madre, tutor o persona con autoridad sobre quien se ejerce la conducta, que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación.

México, líder en consumo de trata

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Humberto Benítez Treviño, señaló que México ocupa el primer lugar en el consumo de alguna de las actividades relacionadas con la trata de personas; el segundo lugar en exportar personas en trata a Estados Unidos; y se tienen tres millones 700 mil niños que son explotados laboralmente. Lo que acredita la importancia de esta ley.

Por ello, dijo, con esta nueva ley se sanciona el delito de esclavitud con prisión de cinco a 30 años; la pornografía infantil, de 15 a 30 años; la explotación sexual de mujeres y niños, con penalidades de 15 a 30 años; y hasta 40 años para los padres o tutores que regalen, donen o permitan este delito de explotación sexual.

Agregó que se establece una comisión Intersecretarial integrada por 15 dependencias que coordinará la Secretaría de Gobernación; se creará un fondo para la prevención del delito de trata de personas y la atención a las víctimas.

Benítez Treviño enfatizó que esta ley es muy importante porque cualquiera de las modalidades de la trata de personas tiene una relación directa con el secuestro y los feminicidios.

Precisó que con esta ley, que contempla 129 artículos, se abroga la ley del 2007 “que ha resultado insuficiente para atender y tutelar los derechos de las personas, fundamentalmente el de las mujeres y los niños”.

El ser humano no está a la venta

La diputada Rosi Orozco (PAN) afirmó que debemos cerrar filas contra aquellos que ven a su prójimo como mercancía, “esta ley les hará comprender que el ser humano no está a la venta”.

Añadió que con la nueva ley “las víctimas hoy van a tener, a través de la votación de ustedes, la esperanza de recibir una verdadera justicia y si antes vivíamos creyendo que esto era normal, hoy ya no será normal, porque toda la cadena de explotación será sancionada y quienes vayan a tratar de comprar un ser humano hoy serán sancionados”.

Dijo que 9 de cada 10 personas que son obligadas a prostituirse dependen de un “padrote”, por lo que esta ley homologará mayor seguridad en el país. “Un pedófilo puede lograr tan sólo en 8 minutos que una menor se desnude ante una cámara de Internet, advirtió.

Coordinación de estados y federación

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) subrayó que es un ordenamiento jurídico que tienen por objeto establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata. “Con esta ley intervendrán de manera coordinada la federación, estados y municipios, además se incrementan las penas y se amplían las características de los sujetos pasivos de este delito”.

En tanto, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) manifestó que la aprobación de este ordenamiento jurídico no debe politizarse, ya que representa un tema sensible que debe ser abordado de manera conjunta a favor de las mujeres de México.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) indicó que la trata de personas es una conducta lacerante para nuestra sociedad. “Con la aprobación de esta ley lograremos atacar la explotación laboral, sexual y la extracción de órganos y proveeremos de seguridad a los ciudadanos y víctimas que han sufrido de este delito”.

En su turnó, la diputada Enoé Uranga Muñoz (PRD) consideró que la actual administración no aplicó esquemas de prevención de trata, además que, advirtió, el dictamen no se encuentra completo, por lo que pidió hacer una revisión a fondo y establecer normas que realmente rescaten a las víctimas que son abandonas después de la captura de sus victimarios.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) consideró que al fenómeno de la trata de personas debe ser visto como un asunto “de prioridad nacional, por lo que deben de fortalecerse las instituciones de la República, a fin de hacer frente a esta oscura actividad delincuencial”.

La diputada Caritina Saénz Vargas (PVEM) exigió la implementación de estrategias gubernamentales para la prevención de este delito, el cual genera importantes ganancias a la delincuencia organizada, así como daños irreversibles a las familias mexicanas; “La aprobación del dictamen permitirá armonizar todos los códigos locales para evitar se siga cometiendo”.

En su oportunidad, la diputada Lorena Corona Valdés (PVEM) calificó la ley contra la trata de personas como una norma que llama a la justicia social, “porque evita que se transgredan los derechos humanos de los mexicanos”.

La diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) expresó que con esta nueva legislación se avanza en la protección de los derechos humanos de la ciudadanía, “y en la construcción de un México en el que cada persona sea respetada como individuo y viva en pleno ejercicio de sus libertades”.

El diputado Amadeo Espinosa Ramos (PT) señaló que el dictamen contiene avances importantes en la protección y asistencia a las víctimas de trata de personas y prevé hipótesis para combatir y erradicar el comercio sexual. “No podemos cerrar los ojos ante un problema de explotación de miles de mujeres a lo largo y ancho del país, mujeres mexicanas y de otras partes del mundo que son traídas con engaños a nuestra nación”.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) se pronunció a favor del dictamen, “porque se trata de un paso adelante en la consecución de la dignidad de miles de personas que viven en nuestro país. Esta ley contribuirá a prevenir, sancionar y erradicar conductas ilícitas, que son inaceptables en una sociedad que aspira a un Estado de Derecho pleno”.

En su turno, la diputada Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) comentó que México es considerado como una nación de origen, tránsito y destino de trata de personas, por lo que el combate a este delito requiere de una atención transversal coordinada, congruente y coherente que involucre a los tres órdenes de gobierno, a los Poderes de la Unión y la participación de la sociedad para hacerla visible.

La diputada Teresa Ochoa Mejía (Movimiento Ciudadano) dijo que es preocupante que la trata de personas represente el segundo delito que aporta más recursos al crimen organizado, más de 42 mil millones de dólares anuales, que supera a la ganancia sólo producida por el narcotráfico. Además, en este ilícito confluyen la explotación sexual, laboral, los matrimonios forzados, el tráfico de órganos y la adopción ilegal de otras conductas.

En el dictamen se prevé abrogar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley de la Policía Federal, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la discusión en lo particular, no hubo quórum en el momento de la votación de los artículos reservados. El presidente de la Mesa Directiva, diputado Guadalupe Acosta Naranjo lamentó el hecho y conminó a los grupos parlamentarios a cumplir con sus tareas e instruyó descontar un día de salario a los diputados ausentes, conforme al reglamento.

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