23-03-12 La Comisión Especial para la Competitividad que preside el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM) anunció que tiene lista la iniciativa para evitar que las empresas conspiren secretamente para aumentar los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios que ofrecen a los compradores por medio de un proceso de licitación.

El documento, que será presentado ante el pleno, prevé reformas y adiciones al artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Sector Público, con el fin de establecer la información de los posibles proveedores, sus precios, costos y comportamiento en anteriores licitaciones.

La encargada para evitar las posibles colusiones en compras públicas sería la Secretaría de la Función Pública (SFP), que implementará un programa periódico de capacitación para la elaboración de estudios de mercado, así como la identificación de estas situaciones lesivas al presupuesto federal.

Cuando las circunstancias lo permitan, las dependencias y entidades solicitarán la presentación anónima de ofertas, mediante la identificación de los licitadores a través de números u otra clase de distintivo.

Las dependencias y entidades requerirán a los licitadores que revelen, bajo protesta de decir verdad, que su propuesta no es contraria a ninguna de las disposiciones establecida en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). Para ello, se firmará una Manifestación de Oferta Independiente.

Asimismo impedirán la creación de obstáculos a la competencia entre proveedores, tales como controles de tamaño, composición o descripciones específicas o de naturaleza de las empresas que están en posibilidad de presentar una oferta. Para el diseño del esquema de eliminación de barreras podrán consultar a la Comisión Federal de Competencia.

Los licitadores en su oferta deberán revelar con anticipación si tienen contemplado realizar subcontrataciones, el nombre de la o las empresas a subcontratar, así como la explicación de la necesidad de subcontratación.

El diseño de la oferta de adquisición incluirá oportunamente una advertencia de las sanciones aplicables por prácticas monopólicas, el programa de inmunidad con su correspondiente beneficio de reducción de sanciones en términos LFCE.

La propuesta considera que los funcionarios a cargo de las adquisiciones gubernamentales deben diseñar un proceso de compra, basada en información sobre los posibles proveedores de productos o servicios disponibles en el mercado y que cumplan los requisitos del comprador.

La iniciativa refiere que es necesario diseñar un proceso de licitación que eleve la participación potencial de quienes compitan, y con ello evitar restricciones innecesarias, reducir las limitaciones a la participación extranjera en las compras gubernamentales, agrupar ofertas, tener listas oficiales de contratistas aprobados o de certificación.

Los requisitos de transparencia son indispensables para que un procedimiento de adquisiciones sólido contribuya a la lucha contra la corrupción; se debe limitar la comunicación entre licitadores durante el proceso de presentación de oferta, mediante el uso de la presentación electrónica de ofertas.

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