26-03-2012.- La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) consideró necesario que la CNDH investigue las presuntas violaciones a las garantías de mujeres recluidas en el sistema de readaptación social del país, toda vez que al momento de su detención sufren vejaciones físicas, mentales, psicológicas, morales y sexuales, así como inequidad en la imposición de las sentencias respecto a los hombres.

Por ello, impulsa un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita un diagnóstico y datos estadísticos sobre la situación de la población penitenciaria femenil, que a octubre de 2011 ascendía a diez mil 704.

La presidenta de la Comisión Especial para la Familia expresó que datos del Instituto Nacional de las Mujeres sobre la situación de la población femenil en reclusión, establecen que el 94 por ciento de ellas contó con un abogado (asignado o contratado) durante su detención, y las de origen indígena, sólo el 14.3 por ciento tuvo los servicios de un traductor.

Gastélum Bajo mencionó que la violencia de género representa uno de los factores por los cuales la mujer delinque. Los tres delitos de mayor incidencia atribuidos a ellas son: contra la salud, robo y lesiones. “Esto se debe a que en ocasiones, al no encontrar una mejor opción para obtener recursos económicos, arriesgan su libertad o son obligadas por sus parejas a cometer el ilícito”.

Aunado a ello y a la grave situación que enfrentan las mujeres en reclusión, precisó, su salud se ve afectada por insomnio, estrés, ansiedad y depresión, así como padecimientos crónicos degenerativos (diabetes, hipertensión y obesidad).

Es lamentable que los sistemas de salud al interior de los centros de reclusión no respondan a las necesidades de la población penitenciaria, ya sea por negligencia, insuficiencia de medicamentos o negativa en la atención, destacó.

La diputada del PRI refirió que otra circunstancia a la que se enfrentan es a la existencia de una presunta red de prostitución que operaba en el Penal Femenil de Santa Marta Acatitla y en el Reclusorio Oriente en donde se vieron involucrados reos, personal de seguridad y del área jurídica de los juzgados.

También a la insuficiencia en la Ley de Normas Mínimas para Sentenciados y la mayoría de las leyes de Ejecución de Sentencias de las entidades federativas, que no contemplan especificidades sobre la obligatoriedad de la atención, antes y después del parto de la interna, así como la instalación de guarderías para los menores que vivan con sus madres.

Por ello, resaltó, es fundamental que la CNDH realice una investigación sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de las mujeres recluidas en los centros penitenciarios, emita un diagnóstico así como datos estadísticos.

Diva Hadamira Gastélum enfatizó que se tiene la responsabilidad de estructurar las políticas penitenciarias e “incorporar la perspectiva de género en las normas jurídicas en la materia”.

La proposición es analizada en la Comisión de Derechos Humanos.

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