28-03-2012.- El Pleno Camaral aprobó reformas para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que forman parte del Sistema Nacional de Salud puedan realizar proyectos de investigación para la salud financiados con recursos de terceros.

La reforma a la Ley General de Salud, aprobada con 258 votos a favor y siete en contra, señala que las disposiciones reglamentarias deberán establecer los mecanismos para determinar la participación que corresponda a las dependencias y entidades y los incentivos para el personal directamente involucrado en la ejecución de los proyectos de investigación.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), presidente de la Comisión de Salud, dijo que se faculta a la Secretaría de Salud para emitir disposiciones de carácter general para el fomento y la distribución de recursos aportados por terceros para la realización de investigaciones en instituciones de salud de carácter público.

Lo anterior, dijo, incluiría los criterios para determinar beneficios para la institución e incentivos para el personal de salud que forme parte del equipo de investigación.
Consideró que es importante optimizar los recursos con los que cuentan las instituciones de salud pública, los cuales actualmente no son aprovechados de manera adecuada a favor de la investigación en salud.

Asimismo, afianzar la investigación en estas instituciones para que les genere un mayor prestigio y competitividad, así como mayores oportunidades a sus recursos humanos para profesionalizarse y adquirir mayor experiencia en tratamientos innovadores, añadió.

“En México prevalecen áreas de oportunidad para fomentar una política de promoción a la investigación que impulse al país como un referente mundial en esta materia. Por ello, es necesario que la práctica de la investigación clínica se fundamente en lineamientos internacionalmente reconocidos con la debida solidez ética”, puntualizó.

El diputado Rodrigo Reina Liceaga (PRI) señaló que es necesario tener mayor avance en las técnicas y en los procedimientos de salud, porque el atraso y rezago que existe no permiten tener alternativas para atender los padecimientos en tiempo y forma.

En su turno, la diputada Ana Elia Paredes Arciga (PAN) comentó que el 60 por ciento de las investigaciones en materia farmacéutica se realiza en instituciones de carácter público, por lo que es necesario generar condiciones para que el trabajo científico sea impulsado con incentivos económicos más justos y el desarrollo tecnológico deje los mayores beneficios a la población.

Por el PRD, el diputado Gerardo Verver y Vargas Ramírez resaltó que es importante fomentar la investigación clínica, porque es el factor determinante para que mejoren las condiciones en que se atiende en el país, ya que promueve restaurar la salud del individuo y la sociedad.

Por su parte, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) indicó que la reforma plantea un esquema de asociación público-privada, en el que no se establecen mecanismos de control y auditoría de fiscalización de estos proyectos.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) consideró que lo que se busca es “entregarle a particulares el beneficio de nuestra gente más calificada, de técnicos, investigadores, científicos que al final en los procesos de asociación con la iniciativa privada, van a ser los beneficiarios de capitalizar el trabajo, la experiencia y las iniciativas de la gente”.

La reforma se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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