La diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó que deben ser revisadas las condiciones de las estancias infantiles subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social para que no se repitan casos como el de la guardería ABC.

Esto durante la tercera Mesa de Análisis del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010: funciones de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico.

Asimismo, Damián Peralta manifestó que es necesario conocer cuáles entes del gobierno no aceptan las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emite y si presentan observaciones en otros años por auditorías negativas.

Respecto al consumo y costo de la energía eléctrica, la diputada señaló “queremos que se nos informe sobre el exceso en los cobros de luz a particulares ya que están causando un daño en el patrimonio de las familias”.

El diputado Carlos Flores Rico (PRI) consideró que tomará 47 años la erradicación de la pobreza, por lo que pidió a la ASF revisar qué tan válidos son los resultados de CONEVAL y el INEGI respecto a la medición de la pobreza.

“Debemos conocer si realmente desde el 2006 hay 12.2 millones más de personas en condición de pobreza”, subrayó.

El diputado Patricio Chirinos del Ángel (PRI) solicitó conocer cuántas son las denuncias que ha presentado la ASF en contra de servidores públicos por contratos o gastos indebidos en lo referente al campo.

En el mismo sentido, el diputado José Francisco Rábago Castillo (PRI) advirtió que el PROCAMPO no cuenta con mecanismos para verificar la supervivencia de beneficiarios.

“Hay registro de personas con más de 100 años de edad en los padrones de beneficiarios de los programas para el campo, lo cual evidencia la corrupción”.

En su turno, el diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) expresó que se debe auditar a la Comisión Reguladora de Energía ya que, a pesar de la sobreproducción del 47 por ciento de electricidad debido a la participación de productores independientes, hay un mal proceso de facturación en los recibos de luz.

“Hay recibos de luz que llegan a las casas por más de 8 mil pesos; son cobros mayores que el sueldo del trabajador”.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN) solicitó conocer cuántas de las observaciones realizadas por la Auditoría fueron solventadas y qué denuncias y sanciones procedieron.

En tanto, el diputado Ramón Jiménez López (PRD) señaló que el Plan Hídrico de Tabasco prácticamente “no existe”, ya que no hay un documento técnico, además que perjudica a más de tres mil familias, por lo que dijo que presentará un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal lo suspenda.

“Tres mil 500 familias viven bajo el agua desde la implementación del supuesto plan y no han recibido ayuda o indemnización alguna”, sostuvo.

El diputado Mario Di Costanzo Armenta (PT) aseguró que ha sido un fracaso el programa Oportunidades, ya que desde el 2006 sólo el 5.7 por ciento de sus beneficiados salieron de la pobreza.

“Sólo 90 mil familias superaron la condición de pobreza cuando en este lapso se han destinado a este programa 120 mil millones de pesos”.

Durante su participación, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, advirtió que, de acuerdo a la CONEVAL, entre 2008 y 2010 aumentó el número de personas en condición de pobreza: la patrimonial pasó de 52.3 a 58 millones (10.4 por ciento); la de capacidades, de 27.8 a 30.0 millones (8.1 por ciento), y la alimentaria de 20.2 a 21.2 millones de personas (4.9 por ciento).

En el Análisis y Presentación de Conclusiones del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, agregó que de 1.6 millones de familias beneficiarias del programa Oportunidades sólo el 5.7 por ciento superó su condición de pobreza.

Mencionó que en lo relativo a desarrollo social que integra Educación, Salud y Desarrollo Social, de las 106 auditorías realizadas a 39 entes públicos del Ejecutivo Federal 32 fueron negativas.

Destacó que en lo concerniente a la adquisición de medicamentos por parte del IMSS, ISSSTE, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y el Hospital General Gea González, durante 2010 se determinó que hubo un pago excesivo por 420 millones de pesos; por la misma unidad de medicamentos se percibieron diferencias de precios de hasta 17 mil 900 pesos.

Respecto a los servicios de informática del IMSS indicó que de los 79 proyectos pagados en 2010, por 242 millones de pesos, 32 presentaron deficiencias, lo que significa un daño patrimonial a la institución por 116 millones de pesos.

En este contexto, informó que el programa de Apoyo Alimentario no acreditó el destino de 494 mil 817 raciones de complementos nutricionales y de leche fortificada, lo que asciende a 5 mil 619.3 millones de pesos.

En el mismo sentido dijo que por parte del Programa de Albergues Escolares Indígenas hubo una adquisición de 150 mil vacunas de influenza estacional con un sobreprecio de 6 millones de pesos.

En el tema de Desarrollo Económico, específicamente lo relativo a Petróleos Mexicanos (PEMEX), resaltó que durante el 2010 el costo de producción de un barril de gasolina fue de mil 221 pesos y superior en 38 pesos del costo de la importada.

En cuanto a las 105 mil 33 quejas que recibió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cobro indebido, solamente determinó como procedentes 53,395 millones de pesos, por lo que recomendó a la paraestatal revisar su proceso de facturación en las zonas donde operaba Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En relación a la concesión de fibra óptica, advirtió que el erario federal dejará de obtener 2 mil 451 millones de pesos durante los 20 años que dure.

Asimismo, mencionó que en lo que incumbe a PROCAMPO, en 2010 se entregaron apoyos por 2 mil 244 millones de pesos a 650 mil 782 productores registrados en edades de entre 75 y 110 años de edad, y 417 millones de pesos a 34 mil 702 menores de edad, sin cumplir los requisitos.

Por su parte, el titular de la Unidad de Evaluación y Control, Alejandro Romero Gudiño, resaltó la necesidad de revisar los marcos jurídicos para tener mayor control del gasto social.

“Es importante poner en práctica mecanismos, toda vez que se ha venido observando que hay entes que año con año presentan la falta de indicadores que permitan conocer el cumplimiento de objetivos y metas”.

Pidió que la Cámara de Diputados fortalezca el marco jurídico en relación con la inversión destinada a las instituciones de seguridad social para mejorar el control de los recursos y evitar que especulen con ellos, además que ésta solicite al Ejecutivo Federal un informe detallado sobre las acciones encaminadas a disminuir los índices de duplicidad de beneficiarios en los programas sociales.

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