31-03-2012 La Comisión de Vivienda, que preside el diputado Martín Rico Jiménez (PAN), citará a reunión de trabajo al vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Manuel Pérez Cárdenas, para que informe sobre la situación de créditos hipotecarios.

En reunión con representantes de trabajadores que contrataron financiamientos hipotecarios, el diputado Oscar Aguilar González (PRI), informó que a los trabajadores se les otorgaron créditos para vivienda superiores a la capacidad de pago y que ahora pretenden descontarles 50 por ciento del salario, lo que contraviene la Ley Federal del Trabajo (LFT) que establece sólo el 20 por ciento.

Indicó que habrá que ver si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) registró una evaluación al órgano interno del mencionado fondo en el que se presume que hay un fraude de funcionarios de Fovissste porque otorgaron créditos de viviendas con un valor mayor al que correspondía; así por ejemplo, si el costo real es inferior a los 300 mil pesos, este organismo la ofreció en 500 mil pesos, por lo que solicitó su avalúo.

Los diputados “enviaremos un comunicado al presidente del Tribunal Superior de Justicia informándole las irregularidades para que suspendan las órdenes de aprehensión hasta que se aclare la situación, así como a la titular de la PGR para que no tengan a los trabajadores contra la pared”, agregó Aguilar González.

Como el caso se turnó a un juez de distrito se enviará otro comunicado al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), añadió.

Hay otros casos en los que los trabajadores no han recibido las casas y ya terminaron de pagar; tenemos que meter a la cárcel a los notarios que se prestaron, ya que necesitaban tener un acta de terminación de obra y de habitabilidad para liberar los cheques de Fovisste.

La diputada Silvia Puppp Gastélum (PRD) enfatizó que los trabajadores están en una total inseguridad jurídica. Ha habido a quienes se les ha detenido y los han remitido al Reclusorio Norte y Santa Martha Acatitla sin previo aviso. “La preocupación es porque puede haber mil 100 averiguaciones previas”.

La legisladora Laura Itzel Castillo Juárez (PT) precisó que existen 100 órdenes de aprehensión, mil averiguaciones previas y 4 mil expedientes, y los funcionarios del Fovissste quieren negociar con trabajadores “criminalizándolos”, por lo que actualmente la ASF revisa los casos y ha detectado irregularidades de directivos.

“Lo que han estado viviendo los trabajadores es una verdadera pesadilla; ahora resulta que son culpables de haber adquirido un crédito, que el mismo sindicato y el Fovissste promovieron su adquisición y ahora pretenden meter a los trabajadores a la cárcel. Se requiere que funcionarios respeten la Constitución y la ley”.

Finalmente, representantes de los trabajadores dijeron que Fovissste ha ampliado los plazos de financiamiento hipotecario de 20 a 30 años y cobra un interés cercano a los bancos comerciales, que es de 10.5 por ciento y éstos últimos de 10.95 por ciento. “Es infame que nos quieran hacer delincuentes por haber contratado un crédito hipotecario”.

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