• Al cierre del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio, el país tiene más herramientas en la materia

05-05-2012 La Cámara de Diputados priorizó la aprobación de reformas en materia de seguridad, justicia y prevención del delito, durante el segundo periodo ordinario de sesiones de su tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura.

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, expresó que las reformas aprobadas constituyen un gran avance para el país, al dotar al gobierno de instrumentos adecuados, ya que son un reclamo del pueblo de México en materia de atención a las víctimas de los delitos.

Con los cambios, dijo, se busca atacar a la delincuencia organizada, los delitos contra la salud, las extorsiones telefónicas, las amenazas que se realizan desde el interior de los 429 centros penitenciarios, pues se tiene documentado que cada día se realizan 6 mil llamadas desde estos lugares de reclusión.

Además, indicó, se estableció que las personas morales o personas jurídicas sí delinquen y lo hacen de dos formas: las personas que se crean para eludir contribuciones fiscales, o lo que es más grave, las personas morales que se crean para cometer delitos como el lavado de dinero, delitos contra la salud, trata de personas, turismo sexual y el cohecho.

El diputado José Luis Ovando Patrón (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, precisó que la política en materia penal debe ser atendida, modificada, replanteada y que las reformas aprobadas por el Pleno son el inicio de una nueva era en el sistema de justicia penal, específicamente en el penitenciario y de ejecución de sanciones.

Mencionó que uno de los principales problemas del sistema es la sobrepoblación, pues en 2007 había tres mil internos y cuatro años después 12 mil 450 en centros controlados por el gobierno central, lo que supone un incremento de 345 por ciento.

El déficit de plazas penitenciarias, abundó, se extiende a todas las cárceles del país, cuyo promedio de ocupación es de 137 por ciento. Señaló que la principal problemática es la falta de un esquema de control que brinde condiciones de reinserción social.

Trata de personas

Dado que México ocupa el primer lugar en el consumo de alguna de las actividades relacionadas con la trata de personas; el segundo en exportar personas en trata a Estados Unidos; y se tienen tres millones 700 mil niños que son explotados laboralmente, los diputados aprobaron la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de esos delitos.

En el ordenamiento se estableció pena de hasta 40 años de prisión y 25 mil días de multa al que, a sabiendas de su situación de trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile los servicios de una persona.

Además, se califica como grave el delito de trata de personas; se castiga toda la cadena de explotación, desde quien haga uso de esta violencia o de captar a una persona, hasta el cliente que consuma. Atiende de manera integral a la víctima, desde el operativo hasta la reinserción social, evitando que el tipo penal la revictimice.

La diputada Rosi Orozco (PAN) dijo que la trata de personas afecta cada año a 3.5 millones de personas, especialmente a mujeres; 90 por ciento de ellas adolescentes y niñas. Además, nueve de cada diez personas que son obligadas a prostituirse, dependen de un padrote.

Indicó que con esta ley las víctimas van a tener una esperanza de recibir una verdadera justicia, porque toda la cadena de explotación será sancionada y quienes vayan a tratar de comprar un ser humano también serán castigados.

Ley General de Víctimas

Por unanimidad, el Pleno Camaral aprobó la minuta que expide la Ley General de Víctimas, la cual obliga al Estado a velar por la protección de las personas que hayan sido dañadas por algún delito, o por la violación a sus derechos humanos.

Con dicho ordenamiento se crea el Registro Nacional de Víctimas, pues según datos, hasta el año pasado había 70 mil; se constituye un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas, formado por partidas presupuestales y que inicia con una dotación de 270 millones de pesos, y se instaura el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

El fondo se enriquecerá con los bienes decomisados al crimen organizado producto de la Ley de Extinción de Dominio; “con los bienes abandonados, con los bienes de la delincuencia que son subastados, las fianzas y multas que se hacen efectivas por los intereses del propio fondo y por las donaciones”.

Ley Federal de Justicia para Adolescentes

También se acordó crear la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, a fin de establecer un nuevo sistema en la materia y se aplique a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito y tengan entre 12 y menos de 18 años de edad.

Esta nueva ley responde a la necesidad de sustituir al actual modelo de atención para menores infractores que rige para la federación, por un sistema garantista que trascienda los límites del tutelarismo y se dé respuesta al problema que enfrenta el país en materia de seguridad pública.

Se reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para crear los agentes del Ministerio Público especializados para adolescentes, así como la Ley Federal de la Defensoría Pública, a fin de establecer defensores públicos especializados en casos de adolescentes.
Ley de geolocalización

A fin de inhibir el uso de teléfonos celulares desde el interior de los 429 centros penitenciarios del país, así como atacar la delincuencia organizada, los delitos contra la salud, las extorsiones telefónicas y las amenazas, el Pleno Camaral aprobó reformas a los códigos Federal de Procedimientos Penales, el Penal Federal, así como las leyes Federal de Telecomunicaciones, la que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se busca que los centros penitenciarios del país cuenten con equipos de bloqueo o anulen las señales de telefonía móvil, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, dentro de sus perímetros. El bloqueo podrá extenderse hasta veinte metros fuera de las instalaciones de los establecimientos, a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos.

De igual modo, se instituye que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Telecomunicaciones deberán informar sobre el uso de los datos del Renaut, en donde se incluya las medidas destinadas a garantizar su debido resguardo y eventual cancelación, dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Lavado de dinero

Los diputados aprobaron crear la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a fin de combatir a la delincuencia organizada y el lavado de dinero.

Su objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Ello, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Reformas a la Ley Federal de Extinción de Dominio

Para fortalecer el combate a la estructura financiera de la delincuencia organizada, los diputados establecieron reformas a la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22,

Las modificaciones sustituyen el concepto de “cuerpo del delito” por el de “hecho ilícito”; asimismo, se amplían las facultades del Ministerio Público para hacer uso de la información generada en las investigaciones; además, se podrá ofrecer como prueba la entrevista realizada por el Ministerio Público destinada a acreditar algún elemento del hecho ilícito.

Establece que los bienes embargados no podrán ser transmitidos por herencia o legado durante la vigencia de la medida precautoria, adicionalmente se contempla que el juez especializado determinará si los posibles herederos acreditan derechos a deducir respecto de la extinción del bien de que se trate.

Personas que intervienen en el procedimiento penal

En el segundo periodo ordinario de sesiones de su tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura, el Pleno Camaral aprobó el dictamen que expide la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, cuyo objetivo es proteger a quien por su participación en este tipo de procesos se encuentre en situación de riesgo o peligro.

Se establece que la información relacionada con las personas protegidas es reservada y de confidencialidad, salvo la estadística que no las ponga en riesgo. Podrán ser sujetos a protección las víctimas, ofendidos, peritos, policías, ministerio públicos, servidores públicos del Poder Judicial, en suma, “todo aquel que por su intervención en el procedimiento penal se encuentre en situación de riesgo o peligro”.

Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones

Con objeto de establecer las bases legales del sistema carcelario federal, la administración de la prisión preventiva, punitiva, así como las medidas de vigilancia especial, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones.

El nuevo ordenamiento contempla la figura de jueces ejecutores de sanciones y dota al Ejecutivo de la administración de los establecimientos penitenciarios. Plantea cinco ejes rectores para la reinserción social: el trabajo, capacitación para el trabajo; educación; salud y deporte.

Conforme a datos, en los 431 establecimientos del país, donde se albergan 230 mil reos, priva la corrupción, la desorganización, la falta de clasificación de internos y en algunos hay gobiernos paralelos de delincuentes.

Protección a la vida e integridad de periodistas

De acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de enero de 2005 a mayo de 2011, reportó que ha iniciado 523 expedientes y solicitado 156 medidas cautelares por presuntas violaciones a los derechos humanos de personas defensoras, emitiendo por ello 33 recomendaciones y un informe especial al respecto.

Ante ello, se aprobó el dictamen que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que el Estado implemente medidas de prevención y protección a la vida, integridad, libertad y seguridad.

Feminicidios

El Pleno avaló reformas para imponer penas que van de los 40 a 60 años de prisión a quien por razones de género prive de la vida a una mujer, y así garantizarles justicia en los diferentes ordenamientos relativos a su atención ante un delito.

Se faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) a especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos y policías federales, y a todo personal que atiende a víctimas de delitos, en derechos humanos y género. Además se crea un Banco Nacional de Datos de Mujeres y Niñas que contenga la información genética de las familias de las desaparecidas, así como de aquellos cuerpos registrados como “no identificados” o desconocidos.

Castigar delitos informáticos

Los diputados acordaron reformas al Código Penal Federal para tipificar conductas cometidas en contra de la integridad patrimonial y física de las personas, mediante medios o sistemas informáticos, tales como la extorsión, fraude, trata de personas y corrupción de menores.

Ello, dado que los ilícitos en materia de delitos informáticos representa para el país pérdidas de alrededor de dos mil millones de dólares al año. El robo de identidad, tiene un valor anual de mil millones de dólares en el mundo, y de acuerdo con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública se atendieron en el último año cinco mil 582 denuncias en materia de delitos cibernéticos en contra de la integridad de las personas, de los sistemas y del Estado.
Otros dictámenes aprobados por los diputados son:

• Para imponer multa de tres a nueves años de prisión cuando el delito de extorsión sea cometido, vía cualquier medio, por personas que se encuentren en prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, dado que el 80 por ciento de las extorsiones cometidas en el país se preparan y cometen por quienes se encuentran en prisión (artículo 390 del Código Penal Federal)

• Sancionar la portación de armas sin permiso, no autorizadas o en cantidades superiores a las permitidas, aunque se encuentren en mal estado, sin cargador, sin proyectiles o les falte alguna de sus piezas (artículo 92 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos).

• Homologar los requisitos del gobierno Federal, los estados y el Distrito Federal, en el otorgamiento de permisos a empresas de seguridad privada (artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública).

• Tipificar como delito la discriminación e imponer sanción de seis meses a seis años de prisión o de mil a tres mil quinientos días multa, a quien provoque o incite a la violencia o al odio contra una o varias personas motivado en la discriminación (reformas a los códigos Penal Federal y al Federal de Procedimientos Penales; a las leyes Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica y de la Federal de las Entidades Paraestatales).

• Castigar con 200 a 100 mil días multa a las personas morales responsables de delitos cometidos, por cuenta o a nombre de ésta. Las infracciones son contra la salud; revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática; encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita; contra el ambiente y la gestión ambiental (reformas a los códigos Penal Federal y al Federal de Procedimientos).

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