• Más del 80 por ciento es para gasto corriente

06-05-2012 Uno de los problemas más importantes que enfrenta la inversión en seguridad pública es que el 82 por ciento se destina para gasto corriente, de operación y subsidios, mientras que únicamente el 12 por ciento se asigna a infraestructura, afirma un estudio de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.

El documento destaca que es mayor el gasto para cubrir sueldos, prestaciones, papelería, equipos de cómputo y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones, que para la modernización de las instalaciones.

“Es menor lo que se destina a la adquisición de patrullas, armamentos de vanguardia, medios de comunicación móvil, tecnologías para la policía investigadora, construcción de infraestructura para la ampliación de los centros de readaptación social y de juzgados para la administración de justicia, entre otros rubros”.

Resalta que en el año 2006, el gasto público federal para seguridad pública y derechos humanos ascendió a 50 mil 936.25 millones de pesos. Mientras que para el año 2012, el monto se incrementó a 127 mil 309.90 millones de pesos, lo que representa un aumento del 150 por ciento durante este periodo.

Destaca el incremento del gasto para la Secretaría de Seguridad Pública y para la Defensa Nacional, los cuales aumentaron en 367.22 y 116.18 por ciento respectivamente durante este periodo.

Menciona que la política de seguridad pública tiene la más alta prioridad y una de las medidas más importantes que se han tomado ha sido incrementar significativamente el gasto público federal en este rubro.

Precisa que si el análisis presupuestario se realiza por destino del gasto, el correspondiente a los cuerpos policiacos federales se incrementó en este periodo en 368.32 por ciento; para reclusorios y readaptación social en más de 500 por ciento; en procuración de justicia en casi 72 por ciento; al sistema nacional de seguridad pública en 222 por ciento y en derechos humanos, 69.28 por ciento.

Señala que el gasto en seguridad pública se está descentralizando; ya que antes del año 2006, únicamente el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) era ejercido expresamente por los gobiernos de las entidades federativas y actualmente se ha adicionado el 20 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), el gasto para el Mando Único Policial y el Programa de Apoyo en Materia de Seguridad Pública.

Para el ejercicio fiscal 2012, del gasto total para esta función, el 78 por ciento será ejercido por las dependencias del gobierno central y el 12 por ciento las autoridades estatales y municipales, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.

Asegura que uno de los rasgos más importantes en la política de seguridad de la actual administración es que ha ampliado las funciones de seguridad pública en las instituciones que tradicionalmente realizaban tareas de seguridad nacional, lo que ha dado paso a posibles confusiones conceptuales.

“Dentro de los derechos que el Estado debe garantizar a los individuos a través de la función de seguridad pública está el relacionado con la protección de los derechos de propiedad, requisito indispensable para la convivencia social en un marco de paz y tranquilidad”.
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-10-12.pdf
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