08-05-2012.- Con el objetivo de poner a la vanguardia mundial los marcos jurídicos de protección civil y del cuidado del medio ambiente, los diputados de la LXI Legislatura aprobaron leyes en la materia, para prevenir y afrontar las consecuencias de los diversos fenómenos naturales y sus repercusiones en el país.

Ley General de Protección Civil

El diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN), presidente de la Comisión de Gobernación, argumentó que los desastres en México de 1980 a 1999 han ocasionado pérdidas por 10 mil 400 millones de dólares, el 1.82 por ciento del Producto Interno Bruto en el año 2000.

Algunos de estos fenómenos, expresó, han sido notables no sólo por la intensidad, sino por la magnitud del daño causado a la infraestructura y sobre todo al número de víctimas, como fueron los sismos de septiembre de 1985, el paso de meteoros como los huracanes Gilberto y Stan o las inundaciones en estados costeros como Tabasco.

Indicó que la experiencia de los últimos 25 años ha servido para detectar los problemas más urgentes, por lo que con la nueva Ley de Protección Civil se pretende que la gestión integral de riesgos se introduzca en los procesos de planeación y programación de manera transversal, no sólo al interior de la administración pública federal, sino de las entidades federativas y municipios.

El diputado Fernando Morales Martínez (PRI) precisó que la ley se da en un contexto en donde en los últimos días se han observado no solamente los terremotos sino la reciente actividad del volcán Popocatépetl, que está generando un gran nerviosismo en la población de las zonas conurbadas al Distrito Federal, Puebla, Morelos y Estado de México.

Mencionó que el nuevo ordenamiento no solamente tiene que ver con los asuntos de los desastres naturales, sino en casos como la Guardería ABC o el News Divine, “en donde por no haber salidas de emergencia hubo muertos”.

Mayores sanciones

Esta ley prevé mayores sanciones contra los funcionarios corruptos que omiten o a veces reciben dádivas para pasar por alto la normatividad.

Su objetivo es prevenir y afrontar las consecuencias de los diversos fenómenos naturales y que las entidades atiendan de manera oportuna los riesgos, con la contratación de seguros o coberturas de otros instrumentos financieros.

El gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y del Distrito Federal, deberá buscar concentrar la información climatológica, geológica y meteorológica a nivel nacional.

Del mismo modo, promover la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con peligro para la población, el patrimonio público y privado, que haga posible a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.

Se considerará como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y sin definir las medidas para su reducción.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proveerá los recursos financieros para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que en caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica.

Ley General de Cambio Climático

A nivel mundial y nacional, las consecuencias del cambio climático se observan en la elevación de temperatura del planeta; la sequía; aumento de ciclones y huracanes, así como la pérdida de cosechas y los riesgos para la salud.

Por ello, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General de Cambio Climático, para establecer un marco jurídico que promueva políticas públicas para coadyuvar a la mitigación y adaptación de este fenómeno, de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Se busca promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono; fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático.

También reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno.

Con el documento, se establece que el país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de reducir, al año 2020, un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así como un cincuenta por ciento de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en 2000.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Ninfa Salinas Sada (PVEM) destacó que el mayor reto ambiental para México y el mundo es el cambio climático, pues afecta a todas las esferas de la vida, los ecosistemas y la biodiversidad.

Detalló que México es muy vulnerable ante ese fenómeno, situación que se ha manifestado en grandes inundaciones y huracanes cada vez más intensos y frecuentes en las costas del Golfo de México y el Caribe. En los estados del norte se manifiesta en prolongadas sequías y enormes pérdidas económicas.

Con la Ley General de Cambio Climático, abundó, se busca la mitigación de la emisión de los gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático; establece que la compensación económica sólo se permite cuando no existan posibilidades de restaurar o de reforestar.

Al respecto, el diputado Francisco Javier Orduño Valdez (PAN), mencionó que la Secretaría del Medio Ambiente reconoce de manera puntual que el crecimiento económico aumenta. La emisión de contaminantes y el cambio climático están afectando en forma diferenciada al territorio nacional, por lo que su impacto será mayor en ciertas regiones que sin lugar a dudas serán las más pobres.

Otros dictámenes sobre medio ambiente son para:

• Regular las concesiones marinas para la restauración y fortalecer la participación social en el establecimiento de áreas naturales protegidas (adición del capítulo IV, “Establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración”, al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente).

• Establecer que los estudios que se realicen previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas, deberán estar a disposición del público para su consulta por un plazo de 30 días naturales (reformas al artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente).

• Fijar multa de 50 a 50 mil veces de salario mínimo a quien lesione o prive de la vida a ejemplares de las especies silvestres (artículos 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre).

• Conceder a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la facultad de implementar programas de reproducción y reintroducción de especies y poblaciones a su hábitat (artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre).

• Que el Ejecutivo observe el principio de incentivar a quien promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático (artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente).

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