16-05-2012.-La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los feminicidios registrados en México, se reunió con funcionarios del gobierno federal, a fin de saber los avances en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso “Campo Algodonero”.

La presidenta del órgano legislativo, Teresa Incháustegui Romero (PRD), dijo que el objetivo es tener información directa de lo que las instituciones federales hacen para dar cumplimiento a dicha sentencia.

Recordó que en noviembre del 2009 la CIDH condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.

Destacó que los temas más importantes de la sentencia son la investigación y sanción de los responsables, porque es lo que atañe al agravio de las personas, víctimas y familiares. Asimismo, la sanción a los funcionarios que omitieron el cumplimiento de su deber en los procedimientos de investigación en el momento en que ocurrieron los hechos.

Otros resolutivos, agregó, van encaminados a la investigación de todos los feminicidios en el país, con la adopción de protocolos y manuales en materia de investigación pericial e impartición de justicia.

Consideró que es indispensable que haya un banco nacional de información genética de los familiares que denuncian desapariciones para que puedan ser cotejados con los cuerpos que aparecen en otras entidades como desconocidos.

Conocer los avances en los temas de programas de capacitación y el apoyo de servicios de atención a las víctimas, también es prioritario, señaló la diputada.

La diputada informó que la comisión especial dejará una agenda “con temas y propuestas avanzadas y muy puntuales, para que tanto la siguiente legislatura como el próximo gobierno tengan identificados cuáles son los pasos a seguir, siempre con el ánimo de mejorar los instrumentos técnicos y de vigilancia para erradicar la violencia contra las mujeres”.

De la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, mencionó que se detuvo al señor Eduardo Chávez Marín como un probable responsable y actualmente está con una sujeción a proceso. Se buscará sancionar a los funcionarios que hayan incurrido en violaciones de derechos humanos, aseguró.

Comentó que se tiene una propuesta de un nuevo Protocolo Alba, pero lo que “necesitamos es una policía que esté adecuadamente capacitada, con recursos técnicos y científicos para poder encontrar personas desaparecidas”. Por ello, la Conavim tuvo la iniciativa de generar un curso con expertos tácticos en campo y policía científica para tener un cuerpo especializado en el tema.

Este cuerpo, agregó, estará formado por policías federales y del estado de Chihuahua y de Nuevo León. Expertos portugueses vendrán a México a otorgar este curso táctico para que con el mínimo de evidencias se pueda encontrar rápidamente a las personas víctimas de la violencia feminicida.

“Ya se envió el oficio a las autoridades portuguesas y lo único que falta es la cuestión administrativa con Portugal para ya definir cuándo va a iniciar este curso”, adelantó.

El director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín Muñoz, señaló que hay avances importantes como la creación de la página web con información de mujeres desparecidas.

Respecto a los cursos de capacitación a funcionarios y programas en materia de género, subrayó que el estado de Chihuahua ha dado múltiple información, aunque la CIDH ha señalado que esto debe ser fortalecido.

En su oportunidad, Jorge Cruz Becerra, director de cooperación con organismos internacionales de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) precisó que 10 estados han adoptado los lineamientos generales para la estandarización de investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres.

El coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Pablo Navarrete Gutiérrez, enfatizó que es fundamental continuar con los procesos de armonización legislativa “y celebramos que se haya tipificado el feminicidio a nivel federal; apoyamos la creación de instrumentos legales para atajar la violencia contra la población femenina”.

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